LA CUESTIÓN DE LAS ZAS (ZONAS ACÚSTICAMENTE SATURADAS) Y EL ‘LEVANTAMIENTO’ DE LOS HOSTELEROS VISTO POR LOS HABITANTES DE LA CIUDAD

¿Qué sucede en Málaga con las terrazas, los bares y el ruido? ¿Por qué se han puesto así los hosteleros? ¿Por qué dicen que van a tener que cerrar las terrazas del Centro Histórico y despedir a gente? ¿Por qué tanto el presidente de la asociación principal de los hosteleros o el candidato a alcalde por Ciudadanos insisten en que les estamos ‘criminalizando’ impidiéndoles seguir creando riqueza y que el Centro debería cambiar de ser considerado ‘residencial’ a ser considerado ‘turístico’? ¿Los vecinos de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, de la Asociación de Vecinos Centro-Sur Soho Barrio de las Artes, de Romeral Contra el Ruido o los que comentan en las noticias de prensa o las redes sociales son una pandilla de: 1) exaltados o 2) amargados?

 

Vamos a aclarar las cosas y a desvelar mentiras.

1. DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO. En primer lugar, aclaremos la diferencia entre público y privado. El suelo donde se instalan las terrazas es público, de todos los ciudadanos. ¿Y por qué las usan ellos? Porque digamos que hay un ‘pacto social’ que conduce a que en una ‘economía de mercado’ se pueda ceder parte de lo público al sector privado para que éste haga negocio. Pero claro, con algunas condiciones y contrapartidas, y no solo económicas, ya que estamos en un ‘Estado social’: en otras palabras, dejamos que esos empresarios se lucren con lo público puesto que con su lucro generan indirectamente un beneficio a toda la sociedad: empleo, creación de riqueza, prestación de servicios… Las contrapartidas económicas, en Málaga, consisten que en el Centro Histórico, la parte más cara de la ciudad, cedamos el suelo a los hosteleros a 7,32 euros el metro cuadrado de terraza. Recordemos que los precios de mercado de los locales en la misma zona oscilan entre los 15/20 euros en las áreas más inhóspitas a los 170 euros de Larios o los 40/50 que suele valer en calles y plazas peatonales. O sea, que de media y como poco les dejamos el suelo de la calle a una sexta o séptima parte del valor que pagan por el interior (considerando además que todo lo del exterior es superficie útil y productiva, sin áreas improductivas como aseos o almacenes). ¿A condición de qué? De que hagan negocio limpio, contraten y paguen lo correcto a sus empleados, no ocupen más de lo permitido y no molesten con suciedad o ruidos.

2. DEL CENTRO Y LA CIUDAD. ¿Qué es lo que ha sucedido con esas concesiones del Ayuntamiento (o sea, de nosotros los ciudadanos representados por las autoridades municipales) a los hosteleros? Primero hay que recordar que hemos adecentado y peatonalizado todo el Centro Histórico de la ciudad con fondos de la Unión Europea cuyo objetivo era recuperar las formas de vida tradicionales y potenciar la calidad residencial de la zona. Curiosamente, esta peatonalización pagada por Europa (por todos los ciudadanos de la UE) para mejorar la vida del vecindario ha beneficiado enormemente a los hosteleros y a los arrendadores de inmuebles y locales, y ha elevado exponencialmente sus márgenes de beneficio. Pero recordemos (aunque parezca obvio decirlo) que la ciudad es el espacio que hemos inventado para convivir, y que es ahí donde habita muchísima gente con derechos humanos y constitucionales que se supone están por encima de la leyes del mercado. Por eso es una aberración que a un representante político se le ocurra proponer que el centro de una ciudad con historia de casi tres milenios sea declarado de uso ‘terciario’ y no ‘residencial’: el derecho a unas condiciones de vida dignas no puede ser objeto de debate alguno, porque es un derecho constitucional. El centro ‘terciario’ que proponen algunos es un ‘modelo de parque de ocio’, inhabitable por definición: la antítesis del concepto de ciudad.

3. DE LO QUE HA SUCEDIDO CON LAS LICENCIAS. En unos pocos años, coincidiendo con esa recuperación y rehabilitación del espacio público, se han multiplicado los negocios de hostelería. El Ayuntamiento no ha cumplido sus obligaciones de planificación y control, y ha contribuido a la saturación actual concediendo licencias sin cesar (cediendo mal, muy mal, nuestro espacio público, esto es, malvendiéndolo) y dejando hacer sin vigilar ni sancionar los incumplimientos. Hay informes de organismos del propio Consistorio (Observatorio de Medio Ambiente Urbano –OMAU-) que cifraban en un 86 % las terrazas que incumplían la anterior normativa en cuanto a espacio ocupado y elementos instalados en la calle. La nueva norma (Ordenanza de Vía Pública), mucho más laxa y con periodos de ‘bula’ en algunas de sus disposiciones, tampoco parece que se esté cumpliendo. Esta cuestión es más grave de lo que parece: no solo se nos hurta lo que es nuestro (el espacio) dificultando el tránsito y la vida ciudadana, sino que se crean verdaderos problemas de seguridad (ambulancias o emergencias que no pasan por las calles, riesgo de avalanchas, etc.).

 

4. DEL RUIDO Y LAS LEYES. Pero lo que motiva este ‘motín’ de una patronal que como decimos ha sido mimada y consentida gracias a nuestros impuestos y a la permisividad municipal, es por la declaración de ciertas calles y plazas del Centro Histórico y de Teatinos como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). Aquí hay que recordar que hay unas cuantas leyes de obligado cumplimiento, europeas, nacionales y autonómicas que protegen al ciudadano de la contaminación acústica: en la UE, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; en España, la Ley 37/2003, del Ruido, y los reales decretos 1513/2005 y 1367/2007, que la desarrollan; en Andalucía, la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 6/2012, que aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica de Andalucía. En resumen, todas esas normas ofrecen garantías a la ciudadanía contra el ruido reconociendo expresamente el derecho al descanso y a la intimidad e inviolabilidad (sonora también) de la vivienda y obligando a los poderes públicos a ‘medir’ las emisiones sonoras.

5. DEL RUIDO Y LAS ZAS. La normativa sobre contaminación acústica se incumple en Málaga, al menos, desde 2008. Los diversos estudios y campañas de medición realizados por el Ayuntamiento (2007, 2013, 2015, 2016, hechos por empresas independientes y homologadas) arrojan resultados de superación evidente de los límites (técnicamente se llaman ‘objetivos de calidad acústica’) durante todo el día en numerosas vías del Centro y prácticamente en todas las calles estudiadas durante el período de noche. Desde que se apreció que se trituraban estos máximos permitidos, ya en 2007, pero sobre todo en 2013, con una normativa autonómica clara en vigor, se tenía que haber iniciado la tramitación de las Zonas Acústicamente Saturadas (que son unos planeamientos compuestos de diversas medidas correctoras tendentes a corregir esas superaciones de los límites), pero esto no se ha hecho. No es pues una cuestión de ZAS sí, ZAS no. Es que obligan las leyes autonómicas, nacionales y europeas. Y casualmente, los informes de las empresas medidoras (como decimos, empresas independientes y homologadas), los estudios de organismos municipales (OMAU) e incluso las ponencias públicas de cargos políticos municipales del Área de Medio Ambiente coincidían en atribuir esa sistemática y desmesurada superación de los límites del ruido a la actividad hostelera: las recomendaciones principales eran reducir su espacio y reducir su tiempo de apertura. Aunque sería muy farragoso detallar todos los plazos, la declaración de las ZAS con las leyes en la mano ya se debió aprobar, a más tardar, en diciembre de 2015. Es decir, la legalidad lleva nada más y nada menos que tres años suspendida.

6. DEL TORTUOSO CAMINO A LA APROBACIÓN DEL ZAS. Todo el proceso de tramitación de la obligada por ley declaración de ZAS ha sido tortuoso: los hosteleros nunca llevaron propuestas a las mesas de negociación (postura que han adoptado también los grupos municipales de Ciudadanos y PSOE), torpedeaban las negociaciones con estratagemas diversas, y se reunían con el alcalde y concejales para presionarles fuera de las mesas establecidas. Uno de los ‘argumentos’ estrella de algunos tertulianos poco informados y empresarios sin escrúpulos es el de la búsqueda de un supuesto “equilibrio”, de una posición consensuada entre los derechos de los vecinos al descanso y los intereses económicos de los empresarios. O sea, que pretenden nada menos que ¡regatear con las normativas y las leyes! No. Aunque les pese, aquí lo que priman son los derechos constitucionales de los vecinos, que se ven conculcados si se superan los límites de ruido máximos previstos, y que protegen las leyes antes citadas. Y así lo entendió también el Defensor del Pueblo Andaluz, que instó al Ayuntamiento a tomar medidas reales y urgentes. El problema ha sido siempre del Consistorio, que engañó a residentes, al Defensor del Pueblo e incluso a los hosteleros responsables dilatando la aprobación de la obligatoria declaración de ZAS.

7. DE LA APROBACIÓN INICIAL. Pese a todo su intrincado y espinoso camino, y tras diferentes pasos previos (solo en este 2018, un primer Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en febrero, mociones aprobadas en Pleno, periodos de consulta en Málaga Contesta, nuevo Acuerdo de la Junta de Gobierno en septiembre…) el ZAS se aprobó en el Pleno del pasado 25 de octubre. Ahora, más de dos semanas después, aún estamos a la espera que se publique en el Boletín de la Provincia y comience oficialmente el periodo de alegaciones.

8. DE LO QUE REGULA ESTE ZAS. Muy en resumen, las medidas de esta declaración de ZAS se reducen a una moratoria de apertura de negocios de hostelería en unas calles ya de por sí saturadísimas (poco más de 100 entre el Centro Histórico y Teatinos) y a una reducción de horario de solo una hora de domingo a jueves y únicamente en unos 70 días del año. Por eso no la apoyamos al principio de las negociaciones, por su tibieza; es un ZAS descafeinado pero al menos es un plan de acción y por tanto lo hemos defendido como mal menor. No en vano el Secretario del Ayuntamiento firmó un informe que pedía mayor restricción horaria y temporal para el ZAS. Señalemos que los horarios de las ZAS de Sevilla, Valencia, Madrid, Jerez o Castellón son mucho más restrictivos que los que se plantean para Málaga. Y allí, contrariamente a lo que vaticinan los empresarios malagueños sobre supuestas pérdidas de empleo y de tejido (vaticinios sin ningún fundamento científico, ningún estudio ni informe solvente), no se ha hundido el sector en ninguna de esas ciudades.

9. DE QUÉ NOS PARECE EL ZAS. Los vecinos creemos que las medidas incluidas en este ZAS son manifiestamente insuficientes. Por ello aportamos en todas las mesas de negociación y todos los pasos en los que se permitía la participación ciudadana unas completas y creemos que razonables alegaciones (en línea con las normas de los ZAS de otras ciudades españolas, y sobre todo dirigidas a corregir las causas de la emisión de ruidos: horarios y espacios ocupados). Igualmente, los grupos municipales Málaga para la Gente y Málaga Ahora protegieron el interés público con alegaciones y mociones en Pleno que los vecinos apoyamos. Ciudadanos y PSOE nunca aportaron alegaciones o planes alternativos, ni en las mesas ni en los órganos de decisión municipal. Los hosteleros tampoco (encima de la mesa, claro; por detrás no sabemos qué negociarían). Finalmente, el PP preparó, suponemos que azuzado por la opinión pública, el Defensor del Pueblo y la certeza de que estaba inclumpliendo la ley, una más que tibia propuesta a la que nos adherimos como mal menor, lo que también hicieron Málaga para la Gente y Málaga Ahora. Por ello no son ciertas las declaraciones del candidato a alcalde del PSOE para justificar su oposición al ZAS en el Pleno.

10. DE LA RESPUESTA DE LOS HOSTELEROS. Como se ha demostrado estos últimos días, con una humillación en vivo y en directo a un concejal al que no dejaron entrar en la reciente asamblea de MAHOS (la asociación principal de hosteleros de Málaga) pese a que iba a dejarse allí el orgullo y el mandato del Pleno del Ayuntamiento de octubre, algunos hosteleros están acostumbrados a, en sus palabras, “dar puñetazos encima de la mesa”, declaración que motivó titulares de prensa en 2016 ante los borradores de las ordenanzas de vía pública o el primer borrador municipal de ZAS. De hecho, han conseguido, como han hecho siempre, reunirse rápidamente con su ‘único’ interlocutor, el alcalde. Amenazan con dos medidas a adoptar el día del encendido del alumbrado navideño: un cierre patronal (que ellos llaman “huelga”) o una apertura ininterrumpida durante 24 horas. Recordemos que ambas medidas son ilegales. También piden (o exigen) “autorregulación” del sector, minusvalorando o ignorando los incumplimientos de las ordenanzas de vía pública (recordemos los informes del OMAU, organismo municipal) o la sistemática superación de los niveles sonoros permitidos por la ley. El mercado no se ‘autorregula’, sino que son los poderes públicos los que tienen que hacer cumplir la norma. Además, subrayemos, los representantes de los hosteleros jamás han planteado una sola propuesta de regulación o de autolimitación, ni siquiera en las zonas “dramáticas”, como la plaza Mitjana. Solo han propuesto, paralelamente al grupo municipal Ciudadanos, que sean los vecinos los que insonoricen sus casas… con subvenciones públicas. Algo así como proponer contra los navajazos que los navajeados sean provistos de puntos de sutura y betadine para que se curen… pagados además con dinero público. Nosotros los habitantes de la ciudad creemos sinceramente en que una parte de estos empresarios están equivocados, estamos convencidos de que a medio y largo plazo los hosteleros responsables y cumplidores, que son mayoría, saldrán beneficiados de una normativa municipal adaptada a las leyes superiores y que vele por la armonía entre la vida ciudadana y el negocio. En suma, los empresarios cumplidores de las normas y los vecinos pueden y deben convivir sin problemas, pero para ello es necesario un Ayuntamiento firme que legisle en tiempo y forma y que haga cumplir esas leyes, cosa que no está sucediendo ahora.

 

11. DEL CUENTO DE LA LECHERA DE LA DESTRUCCIÓN DEL SECTOR. Los ejemplos de otras ciudades con regulaciones más restrictivas en sus ZAS y de comunidades autónomas también turísticas que tienen límites de emisiones de ruido todavía más estrictas que la andaluza (la Comunidad Valenciana, por ejemplo) desmontan ese mantra de que este ZAS o la aplicación de la Ordenanza de la Vía Pública vayan a desmantelar el sector. En realidad, una parte muy significativa del sector hostelero malagueño aporta muy escaso valor añadido, y genera un empleo, según los sindicatos y la mayor parte de la comunidad académica, de ínfima calidad y gran precariedad, en muchos casos cercano a la explotación laboral. Las contrataciones, pagos y transacciones ‘en negro’ sí que son un problema para la convivencia democrática y la salud de nuestra economía. Lo que parece es que se quiere perpetuar este modelo de explotación intensiva del sector, basado en la apropiación del espacio público y en bajísimos salarios, hasta que no dé más de sí. Se engaña también cuando se dice que el decreto 155 de la Junta sobre el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía impide que haya terrazas en las ZAS (declaraciones del presidente de la asociación mayoritaria de hosteleros). Sí puede haberlas, siempre que cumplan los límites legales de ruido. O sea, siempre que cumplan la ley.

12. DE LA INACCIÓN MUNICIPAL. Como se extrae de todo lo anterior, el Ayuntamiento ha sido el culpable de no hacer cumplir sus propias normas, de ignorar o dilatar diríamos que con premeditación la legislación europea, nacional y autonómica y de dar alas a los empresarios incumplidores sometiéndose a sus presiones y negociando con ellos fuera de los canales democráticamente establecidos. Todo ello sin entrar en la consideración de hasta qué punto su acción reguladora ha favorecido y en qué grado los intereses espurios de una parte del empresariado frente al interés general. ¿Prevaricación?

 

13. DE LA SATURACIÓN DE LA CIUDAD. Que el Centro Histórico de Málaga se ha convertido en un parque temático que está acabando con su idiosincrasia es una evidencia para tirios y troyanos… salvo para los que se llenan el bolsillo con ello. En este escenario de pérdida de calidad residencial, que se agrava por una situación de gravísima emergencia habitacional (subida meteórica de alquileres, expulsión del vecindario, inseguridad en nuestros edificios), hay que replantearse el modelo de ciudad. La cuestión habitacional y el modelo de visitante requeriría otro monográfico: aquí solo apuntamos que la hipertrofia de viviendas de uso turístico (VUT) está íntimamente ligada a una especulación urbanística salvaje y  a un turismo de bajísima calidad que explota intensivamente la ciudad contra los derechos de sus residentes, y que solo se puede entender junto a un modelo intensivo de hostelería depredadora. Queremos hostelería, sí, y de calidad, que cumpla las leyes y los objetivos y metas de la Agenda 2030 de la ONU, que incluye aspectos como la calidad ambiental, el trabajo decente o el turismo sostenible. El modelo no puede ser otro que la ciudad inclusiva, en la que los vecinos, los turistas de paso y los residentes de los hoteles y las viviendas turísticas, que hoy llenan de comentarios negativos sobre el ruido de la ciudad las plataformas web de contratación, cuenten con altos estándares de calidad ambiental, y en la que dispongamos de una hostelería y un comercio responsables y de calidad.

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO ANTIGUO DE MÁLAGA
11 de noviembre de 2018

La Junta de Andalucía abre la puerta a más ruido en la calle

Hace dos días, los vecinos de toda Andalucía hemos recibido la noticia de que la Junta de Andalucía ha aprobado el Nomenclátor ( Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía).

Nuestra asociación, la Federación de Asociaciones Vecinales de Centros Históricos de Andalucía y diversas asociaciones vecinales presentaron alegaciones en contra de este decreto, todas han sido desoídas. Más grave aún, se ha ignorado una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Este decreto viene a empeorar la situación de ruido y desamparo que sufren los ciudadanos de múltiples municipios, abriendo la puerta a una verbena continua y descontrolada

Pueden consultar nuestras alegaciones en este enlaceAlegacionesCentroAntiguoNomenclátor. 25 junio


Sobre el decreto:

Los residentes del Centro Histórico de Málaga hemos leído con preocupación y estupor el Proyecto de Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, también conocido como Nomenclátor, que vendría a derogar, entre otras normas, el vigente Decreto 78/2002, de 26 de febrero.

Desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga planteamos las siguientes alegaciones basándonos en nuestra responsabilidad de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía en las zonas residenciales, unos derechos que son cada vez más vulnerados en esta espiral de turistificación, gentrificación y sometimiento a la hostelería de los centros urbanos europeos, y que se verían aún más conculcados en caso de aprobarse esta norma. Nuestros asociados hablan de “afrenta a los vecinos de cualquier lugar que se suponga que ha de ser habitable”, de ausencia en su exposición de motivos y su letra de “palabras y conceptos como convivencia, vecinos, ciudadanía, habitabilidad, ruido, descanso, derechos fundamentales, inviolabilidad del domicilio, y un largo etcétera”. En suma, estamos hablando de un decreto que supondría un ataque a la protección real y efectiva de la calidad de vida y de los derechos constitucionales de la ciudadanía establecidos en los arts. 43 (derecho a la protección de la salud), 45 (a un medio ambiente adecuado) y 18 (derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio).

El legislador tiene la obligación de contemplar nuestra posición de ciudadanos ‘acorralados’ por el ruido y la invasión del espacio público para fines privados (y la de tantas otras ciudades y barriadas análogas) a la hora de elaborar una norma que es menos garantista, más laxa y ambigua que la anterior y que está plagada de conceptos jurídicos indeterminados. Que parece estar escrita, sospechamos, para fomentar la arbitrariedad y el ‘laisser faire’. En este sentido, coincidimos plenamente con el espíritu de la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5658 dirigida a Consejería de Justicia e Interior. Si bien tal resolución responde a un borrador anterior del Decreto, su planteamiento, análisis y conclusiones son totalmente válidos ya que los cambios entre la ‘Propuesta’ a la que se refiere y el actual ‘Proyecto’ son de posición y numeración del articulado o cosméticos (alguna matización en cuestión de horarios y poco más).

Según el Defensor, nuestros derechos fundamentales podrían sufrir “cierto riesgo de ser vulnerados por la contaminación acústica derivada de la emisión de música en estos locales y/o en sus terrazas, tal y como tiene reconocido una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”. Pues bien, en el Centro Histórico de Málaga esta situación de vulneración de derechos es, lamentablemente, la norma. En el III Encuentro de la plataforma vecinal europea Vivre la Ville Europe!, clausurado en marzo de 2017 en Madrid, se aludió al caso concreto de Málaga (como ejemplo negativo) y se coincidió en que los problemas comunes a los centros históricos europeos se resumen en dos ejes principales: la degradación del patrimonio material y humano mediante los fenómenos de la gentrificación y la turistificación, y los efectos de la movida, ocio nocturno y la privatización del espacio público por motivos lucrativos que son antepuestos al interés general y al cumplimiento de las propias leyes y normativas. Pues bien, este Decreto sería una puerta abierta al agravamiento de dichos problemas.

Se ha descrito nuestra situación como la de una “deportación planificada del vecino del centro”. Dicha expulsión vendría ahora acompañada por el fragor emanado de una norma que permitiría la música ‘de ambiente’ o ‘de fondo’ en terrazas, la emisión de música pregrabada y en vivo hasta 80 dBA en el interior de todos los establecimientos de hostelería de Andalucía, la instalación de terrazas o veladores en la vía pública en discotecas y salas de fiestas, y la ampliación de horarios de hostelería en ‘municipios turísticos’ y ‘zonas de gran afluencia turística’. Si el Ayuntamiento de una ciudad de más de 600.000 habitantes no podía (o utilizaba una pasividad cómplice, rayana en la prevaricación y la dejación de funciones) hacer cumplir una norma relativamente garantista de derechos, ¿cómo se puede pretender que los pequeños consistorios andaluces puedan controlar otra más ambigua, con conceptos jurídicos vagos e indeterminados?

En suma, asistimos a una colisión en el espíritu del Decreto entre la protección de derechos fundamentales y universales y la intención de dar rango de ley a lo que realmente son intereses particulares de un sector económico concreto. Bajo el disfraz de una norma reguladora se está presentando un plan estratégico de desarrollo de la actividad hostelera (de una cierta manera de edificar el sector hostelero, desde nuestro punto de vista endeble, enfocado a un turismo y un ocio de baja calidad), que ignora al 100 % el ruido provocado por veladores y por conciertos.

Reiteramos, el objetivo del Decreto es apoyar una manera de desarrollo no sostenible de la hostelería y abrir la mano para que sean los municipios quienes decidan dónde y hasta cuándo poner veladores, incluso en discotecas, y para que se permitan actuaciones en todo tipo de establecimientos. Y por mucho que figuren algunas supuestas limitaciones en cuanto a los sectores en los que se permite la instalación de terrazas o veladores donde antes no se permitía o de instalación de equipos de amplificación de música en veladores o “espacios al aire libre de establecimientos de hostelería”, el legislador ha empleado términos suficientemente laxos como para que la excepcionalidad sea la norma. Las expresiones “afluencia de visitantes”, “para incentivar el desarrollo económico” o “dotar de infraestructuras de servicios si existiera demanda”, así como la autorización por espacio de hasta cuatro meses de la música amplificada en terrazas suponen que la supuesta “excepcionalidad” se convertirá en norma. Además, como también advierte el Defensor del Pueblo, el argumento de la permisividad por sectores (‘áreas de sensibilidad acústica’) se tambalea ya que los usos turísticos y terciarios tienen una localización contigua a los usos residenciales, y a que el problema de la contaminación acústica es que el ruido se transmite a través de ondas sonoras que son ‘difíciles de compartimentar’. Todo ello coincide con la manifiesta escasez de medios e incluso de voluntad para medir los niveles de ruidos en municipios de todo tipo (si en Málaga no hay un control, por pasividad cómplice del Ayuntamiento, de la contaminación acústica, qué panorama tendrán los vecinos de municipios con menos medios).

 

La noticia en Diario SUR 

La nueva Ordenanza de Vía Pública abre la veda a la arbitrariedad para beneficio de la hostelería

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga presenta unas sugerencias en las que compara el texto aprobado en el Pleno con las normas de ciudades como Valencia, Madrid, Sevilla o Barcelona

 

La norma que se pretende aprobar autoriza a la Junta de Gobierno a derogar partes importantes de la misma o al concejal de turno a hacer excepciones 

La nueva Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública de Málaga abre la veda a la arbitrariedad y se preocupa ante todo de establecer un conjunto de normas que favorezca la instalación de los negocios de hostelería en nuestras calles y plazas. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga contempla con preocupación que el texto, aprobado inicialmente en el Pleno del Ayuntamiento el 30 de octubre del pasado 2017 y que ha permanecido hasta el pasado lunes 29 en período de información pública previo a su aprobación definitiva, plasme exclusivamente los intereses que defienden los empresarios de dicho sector e ignore la protección de los derechos e intereses de la ciudadanía. Además, la nueva norma ratifica y legaliza el agravio comparativo y discriminatorio en la regulación de los Planes de Aprovechamiento y da vía libre a la parcialidad y la discrecionalidad en sus numerosas referencias a posibles excepciones. En resumen, la norma que se pretende aprobar autoriza a la Junta de Gobierno Local a derogar elementos importantes de la misma (mediante los Planes) o al concejal de turno a aprobar excepciones que permitan instalar en la vía pública mostradores, frigoríficos o teles y a apilar mesas y sillas fuera de horario.

La Asociación ha manifestado en diversas ocasiones que el texto aprobado por el Pleno no fue nunca pactado ni consensuado con los representantes de los vecinos, pese a que en su presentación estuviera uno de los miembros de su Junta directiva. Por ello, y como corresponde a su labor de tutela y reclamación de los derechos de los residentes del Centro de Málaga, ha presentado un escrito de sugerencias con el ánimo de llegar a un texto que realmente refleje lo que debería prevalecer, el uso general y prioritario de las vías públicas por toda la ciudadanía, que aquí ha quedado relegado a un segundo plano.

El escrito vecinal compara el texto malagueño con las ordenanzas similares de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, mucho más garantes de los derechos de residentes, viandantes y usuarios en general del espacio público. Además de que la nueva Ordenanza roza las dimensiones de un telegrama (unas escasas 300 palabras), ya su misma exposición de motivos copia directamente y sin ‘pudor’ alguno la de Valencia pero con las modificaciones que le interesan: por ejemplo, la de Málaga indica en su párrafo final que es interés municipal “la reactivación económica, la promoción empresarial y el fomento del empleo”, mientras la valenciana remarca la trascendencia del “uso común general por la ciudadanía, cuya protección será prioritaria, compatibilizando en la medida de lo posible los intereses públicos y privados”. Por ello, la Asociación solicita que se incluyan expresamente en el articulado referencias concretas a la consideración superior y prioritaria de los usos comunes y generales del dominio público sobre los de colectivos empresariales concretos.

La Asociación mantiene en su escrito que tanto los Planes de Aprovechamiento como las excepciones previstas deben ser totalmente eliminados de la Ordenanza a aprobar, pues no son más que derogaciones singulares y puramente discrecionales de la norma general y chocan por tanto con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. No se puede justificar que la mayoría de los empresarios que deseen realizar una ocupación del dominio público se deban regir por una Ordenanza aprobada por el Pleno con todas las garantías de procedimiento e información pública mientras que ‘algunos’ vean amparada la utilización del espacio de todos con unas disposiciones contrarias a la norma general (menos restrictivas y garantes que la misma) aprobadas directamente por la Junta de Gobierno Local, órgano que no es representativo más que de las facciones políticas que en cada momento gobiernen el municipio.

Pero aún más graves son los distintos supuestos de excepcionalidad en las autorizaciones, pues aquí será simplemente el edil del ramo el que podrá concederlas, sin más. Y además en supuestos que la Asociación encuentra especialmente perjudiciales para el interés público, como la posibilidad de instalar en la calle mostradores, frigoríficos, máquinas recreativas, televisores, o apilar mesas y sillas en el exterior fuera del horario establecido.

Alega también la Asociación que no se aprovecha la ocasión para relacionar las disposiciones de la Ordenanza con la regulación sobre ruidos o las Zonas Acústicamente Saturadas que el Ayuntamiento debió por imperativo legal aprobar hace tiempo. Solo se contiene una mención a unos “niveles de ruido superiores a los máximos establecidos en la Ordenanzas de Medio Ambiente”, pero se obvia que la vigente Ordenanza para la prevención del ruido del Ayuntamiento de Málaga no establece realmente valores límite para las ocupaciones con terrazas, sino solo objetivos de calidad acústica.

Respecto de esta cuestión de los ruidos, la Asociación manifiesta también su escepticismo por la referencia que hace de pasada la Ordenanza a los famosos toldos fonoabsorbentes. Tal como se plantean y con independencia del escaso resultado que han dado en otros lugares, como Castellón, los toldos conllevan problemas importantes de encaje urbanístico. Esas estructuras, que no pueden denominarse toldos, suponen un atentado frontal a la estética y la imagen urbana del centro histórico, que se convertirá en un lugar “difícilmente distinguible de un vulgar parque temático, de chiringuitos de playa o de la Feria de Sevilla”.

Los vecinos también solicitan expresamente un aumento del ancho previsto para la zona libre de terrazas de las calles, pues consideran que si el Ayuntamiento practica una política de constante incremento de la atracción de personas al centro, ello debe conllevar reservar espacios mucho más amplios ya no solo al paseo de los viandantes, sino al mero paso de los mismos o a los servicios de emergencia y evacuación.

Finalmente, la Asociación insiste en que es indispensable delimitar con claridad y con los suficientes elementos señalizadores las ocupaciones permitidas para los usos comerciales de las vías públicas, para que sean así identificables por los servicios de control municipales y también por los ciudadanos en general.

Escrito de sugerencias presentado a la OVP

Los apartamentos turísticos ofrecen en Málaga capital 23.300 plazas, más del doble de las cifras oficiales

Las camas de este tipo de alojamientos duplican las de los hoteles 

Las cifras evidencian que el sector concentra la propiedad en pocas manos 

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo ha obtenido los datos de Inside Airbnb, una plataforma que analiza la información real de Airbnb

 

 Evolución de las viviendas turísticas de Airbnb en Málaga, fuente: InsideAirbnb


Los apartamentos turísticos ofrecen en Málaga capital casi 23.300 plazas, más del doble de las cifras manejadas por la Administración Pública y el sector. El número de camas que se pueden reservar en estos establecimientos duplica ya las disponibles en los hoteles, en una hipertrofia vertiginosa que como han advertido numerosos informes está generando una nueva burbuja inmobiliaria, la pérdida de la calidad de vida del residente y graves problemas de convivencia.

Según los datos recabados por la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga, a finales de noviembre de este año había en la ciudad 4.853 apartamentos para turistas, la mayoría de ellos disponibles durante todo o casi todo el año y además concentrados en pocas manos. Así, las cifras constatan el funcionamiento ‘sumergido’ de este subsector de arrendamientos urbanos que asociaciones como la nuestra y distintos analistas venían denunciando desde hace tiempo, y desmienten el mensaje lanzado incluso desde medios de comunicación públicos e instituciones de que tal tipo de alquiler serviría de válvula de escape para personas desempleadas o familias en apuros. La información obtenida por la Asociación coincide con las advertencias lanzadas por instituciones públicas como el OMAU o privadas tan diversas como la agencia de calificación Fitch, el portal enalquiler.com, la empresa de servicios inmobiliarios Solvia o el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, que alertan de una muy preocupante burbuja inmobiliaria.

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha obtenido los datos reales a través de una petición expresa a Inside Airbnb, una plataforma independiente que analiza la información real de Airbnb, la empresa líder del alquiler online de apartamentos turísticos, en ciudades de todo el mundo (información en http://insideairbnb.com/malaga/). Inside Airbnb ha analizado, filtrado y ordenado datos que Airbnb no facilita: en concreto, a 25 de noviembre de 2017, estaban registrados en Málaga en dicha empresa 4.853 establecimientos, de los que 3.701 eran pisos completos, 1.117 habitaciones completas y solo 35 habitaciones compartidas. De ellos, el 85.3 % tiene alta disponibilidad (la media de la disponibilidad es de 208.5 días al año) y el 65.1 % pertenece a personas o empresas con varios apartamentos disponibles. En estos dos tercios, es decir 3.159 anuncios en los que el anfitrión tiene más pisos o habitaciones en alquiler, hemos encontrado 11 perfiles con más de 30 apartamentos disponibles y 20 por encima de los 20 apartamentos, lo que viene a demostrar que el perfil del arrendador está muy lejos de la imagen de una persona o familia que alquila su casa para buscar ingresos extra, y se acerca al de un empresario que desde la economía sumergida o las lagunas legales ejerce una competencia desleal con el sector hotelero o el alquiler convencional. De hecho, recordemos que sólo están registradas en torno al 40 % de las viviendas, y que únicamente 1.694 de estos 4.853 pertenecen a arrendadores que tienen a disposición del turista una única vivienda o habitación.

Los datos del Distrito Centro de Málaga son aún más preocupantes. 15.720 turistas se pueden alojar en los 3.275 establecimientos registrados (el 67,5 % de los disponibles en todo el término municipal), de los cuales 2.652 son apartamentos completos y 599 habitaciones. Los datos de propiedad (el 71.2 % son de personas que tienen varios apartamentos) y disponibilidad (86.5 % de alta disponibilidad y media de 227.5 días al año) revelan que la concentración empresarial se agudiza en el Centro.

 

23.294 frente a las cerca de 11.000 plazas reconocidas por el Ayuntamiento y la Junta 

Los últimos datos facilitados por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía hablaban de 10.985 las plazas que ofrecen las 2.212 viviendas de alquiler al visitante ubicadas en la capital malagueña. Ayer mismo, el director general de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Javier Hernández, cifraba en 11.500 las plazas en el marco de la jornada ‘La vivienda con fines turísticos en nuestro ordenamiento jurídico’, organizada por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Gerencia Municipal de Urbanismo, el área de Turismo, el Centro de Estudios Jurídicos Superiores (Cejus), la Fundación Ciedes y Revistas Especializadas RDU. La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía y los medios de comunicación social utilizan estas cifras, que emplean un ratio de casi 5 ocupantes por vivienda. En nuestros cálculos utilizamos el ratio de Dna Airbnb, otra página que ofrece datos sobre Airbnb y que está orientada a servir de apoyo a posibles arrendadores, y según el cual la ocupación media por vivienda alquilada a turistas es de 4,8 personas. Con ello, los 4.853 establecimientos registrados, con 4,8 residentes de media, permitirían alojar a 23.294 personas, mucho más del doble de las poco más de 10.000 plazas hoteleras de Málaga capital según los últimos datos.

Además, aunque las cifras aportadas por Inside Airbnb superen significativamente las conocidas hasta ahora, solo analizan los apartamentos publicitados en una de las empresas online del sector (aunque sea la líder). Hay que inferir que el número real de las plazas puestas a disposición del turista en Málaga serán aún mayores, dado que pueden estar registradas en otras empresas online (Booking, Homeaway, Hometogo, Apartum, Wimdu, Hundredrooms, etc.) o en empresas o sistemas tradicionales de alquiler (agencias inmobiliarias, alquiler directo, etc.).

En todo caso, de la magnitud del problema generado en la vida ciudadana y el mercado inmobiliario dan fe los avisos de, entre otros agentes, la agencia de calificación Fitch, que ha advertido de que ya es visible una burbuja inmobiliaria en los centros de las grandes ciudades en España y que están creciendo los problemas de acceso a la vivienda. Más concreta y centrada en nuestra ciudad es la advertencia del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, que ha reseñado hace unos días que hay pisos en el Centro de la capital que se han encarecido casi un 200% desde el mes de noviembre de 2016 y que corrobora punto por punto lo que como vecinos sabemos de primera mano: los vecinos se van de sus casas bien porque no pueden aguantar los ruidos y la pérdida de la calidad de vida de su barrio bien porque reciben notificaciones de los propietarios de que no van a renovar el alquiler para transformar la vivienda en alojamiento turístico, y esta espiral deja ya también sin opciones a los estudiantes de la UMA, que tienen serias dificultades para encontrar residencia y empiezan a buscar plazas en otras ciudades.

En otras localidades españolas como Barcelona o Palma de Mallorca entre muchas otras, y en capitales de nuestro entorno como Amsterdam, Berlín o París, que acaba de amenazar con llevar ante la justicia a Airbnb por el alquiler sin permiso de viviendas, se intenta poner coto a los problemas generados por esta espiral con distintas medidas regulatorias. Sin embargo, en Málaga las autoridades públicas continúan haciendo ignorando o, lo que es más grave, incentivando por acción u omisión esta fuente de problemas, abocándonos a un escenario de cartón piedra en el que el Centro Histórico sea un cascarón sin vida real.

 

Qué es Inside Airbnb 

Es una plataforma independiente y sin ánimo de lucro que bajo el lema “adding data to the debate” pone a disposición pública un conjunto de herramientas y datos sobre la actividad real de Airbnb. Inside Airbnb analiza la información pública de los listados de Airbnb de diferentes ciudades del mundo, filtrándola y ordenándola de manera que sirva para poner de relieve cómo Airbnb afecta a las principales capitales turísticas. Esto es, dado que Airbnb no facilita información sobre su actividad (estadísticas de apartamentos o habitaciones, densidad de las mismos, etc.), ni siquiera a las administraciones públicas que se lo requieren, esta plataforma proporciona datos imprescindibles para el debate social sobre el impacto del turismo en la vida ciudadana.

El sentido común, nuestra experiencia y el rápido incremento de los problemas de convivencia y de la burbuja del alquiler nos hacían dudar muy seriamente de los datos oficiales, de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación o de las cifras manejadas por el gremio en reclamaciones de desregulación salvaje del sector. Por ello, desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga solicitamos este verano a Inside Airbnb que nos elaborara un estudio riguroso de datos sobre la implantación de los apartamentos turísticos en nuestra ciudad. La plataforma ya había publicado diagnósticos de ciudades como Toronto, Québec, Boston, Chicago, Nueva York, San Francisco, Hong Kong, Sídney, París, Berlín, Roma, Amsterdam, Londres, Madrid o Barcelona, y a finales de agosto nos envió una primera remesa de datos. Los cifras facilitadas ahora son una ‘fotografía estática’ de la empresa Airbnb a fecha de 25 de noviembre de 2017 y revelan un incremento en solo tres meses de un 4 % de los apartamentos anunciados, con un aumento progresivo de la concentración empresarial y del emplazamiento de estas viviendas en el distrito Centro de la ciudad.

 

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga en el debate turístico 

En nuestro ‘manifiesto’, publicado en nuestra web y datado en abril de este año (centroantiguomalaga.com/la-asociacion/manifiesto/), ya alertábamos del problema creciente de la sustitución de usos residenciales por apartamentos u hostales. “El éxodo paulatino pero constante de habitantes del Centro Histórico –decíamos- parece abocarnos a una ciudad escaparate, en la que solo circule un tipo de turismo de baja calidad, incompatible con la vida cotidiana del residente. Málaga ha sido una de las ciudades españolas donde el cambio de uso de los inmuebles del Centro, de residencias para vecinos a negocios en forma de apartamentos turísticos, una gran parte de ellos ‘ilegales’, ha sido más exagerado. Sin duda, ello ha provocado una crisis en la oferta y el precio del alquiler de viviendas de primera residencia y ha generado un proceso de fuerte deterioro social. Además, la sostenibilidad de este modelo de turismo de bajo coste es más que discutible, entre otras razones porque las circunstancias geopolíticas y económicas que lo hacen posible pueden cambiar rápidamente”.

Diariamente, y no es exageración, escuchamos a residentes contarnos que les han subido el alquiler más de un 20 % o que directamente los arrendadores les conminan a abandonar el piso para alquilarlo a turistas. Las inmobiliarias ya incluyen en sus ofertas de venta de pisos el dato del rendimiento que el nuevo propietario podría extraer si dedica el inmueble a vivienda de uso turístico. Es decir, una espiral especulativa asentada en un mercado desregulado, una economía sumergida que genera una pérdida de la identidad de la ciudad y de la calidad de vida de los que resisten a la invasión. El resultado, un escenario de cartón piedra sin personalidad e inseguro, en el que las llaves de nuestro propio portal pueden cambiar de manos 7 veces en una semana.

Entre otros muchos aspectos, el desbocado e incontrolado incremento de las llamadas VFT (viviendas con fines turísticos) provoca:

  • Un encarecimiento brutal cuando no la práctica desaparición de los arrendamientos de primera vivienda, esto es, para residentes ‘reales’, para habitantes de la ciudad. La consecuencia es un progresivo e imparable desplazamiento y expulsión de vecinos y la conversión de zonas de uso residencial en uso terciario, desvirtuando la planificación urbanística existente.
  • El éxodo de los estudiantes universitarios a otras ciudades al no poder encontrar un alquiler asumible.
  • La pérdida del patrimonio inmaterial, así como la degradación sociocultural de la zona. Todo este entramado de calles, edificios, comercios, bares e historias vitales que es el epicentro de la ciudad está perdiendo su carácter de tradicional lugar de encuentro social. El Centro Histórico de Málaga es y debería seguir siendo un barrio, no un centro comercial o de ocio despersonalizado.
  • El incremento de los apartamentos turísticos está asociado a un nuevo modelo de turismo vacacional descontrolado, normalmente de baja calidad y proclive a generar episodios de vandalismo y malos comportamientos.
  • Junto a la pérdida de historia inmaterial y a la desaparición de comercios tradicionales, son también numerosas las alertas por la destrucción del patrimonio. Algunas asociaciones especializadas en el estudio y conservación del patrimonio histórico como por ejemplo MálagaREC han denunciado el expolio, la destrucción y la falsificación de numerosos edificios del XVIII y del XIX en la calle Carretería en las obras para destinarlos a viviendas con fines turísticos.
  • El supuesto beneficio económico de este ‘boom’ está, como hemos denunciado con los datos de concentración empresarial, capitalizado por unos pocos, pero las consecuencias se socializan y las sufrimos todos. A la pérdida de servicios necesarios para la vida del habitante real (centros sociales, educativos, sanitarios, deportivos y culturales, comercios de proximidad, etc.) se suma un gasto de recursos escasos que se dispara con los visitantes de paso. Algunas fuentes hablan de que un turista consume un 120 % más de agua que un residente.
  • Un panorama inseguro, en el que los pocos que siguen habitando en el Centro ya no saben quién son esos ocupantes eventuales que fugazmente suben y bajan las escaleras. Los consiguientes riesgos de seguridad son evidentes, máxime cuando como hemos advertido la mayoría de las viviendas arrendadas para turistas se sitúan en la opacidad más absoluta.

 

Este diagnóstico no es exclusivo de Málaga, aunque aquí aún seguimos escuchando en diferentes jornadas organizadas por el sector o en boca de las instituciones públicas que deberían velar por los derechos de toda la ciudadanía discursos triunfalistas, que abogan por una mayor desregulación, que minimizan los problemas o que proponen como ‘solución’ (caso del informe de Ciedes) la extensión del fenómeno a barrios aún no saturados. Sin embargo, la necesidad de una regulación en profundidad del turismo relacionado con las propiedades residenciales o alquiler vacacional ha abierto un amplio debate en toda España, y muchas de las capitales afectadas están tomando medidas (Valencia, Madrid, Granada, Barcelona) con mayor o menor dureza. A nivel internacional, San Francisco y Berlín han conseguido regularlo con éxito, y parece que París está empezando a tomar cartas en el asunto de manera decidida.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga insta a las autoridades públicas a que abran un proceso de participación ciudadana real en el que se tomen decisiones para proteger la calidad de vida y los derechos constitucionales de los residentes. En primer lugar es imprescindible y urgente reexaminar globalmente el modelo turístico para dirigirlo por derroteros compatibles con una ciudad de verdad y no tematizada: el auge de este tipo de establecimientos y de sus consecuencias negativas (esperemos que no irreversibles) sobre la vida ciudadana se inscribe en un proceso de gentrificación y turistificación que hay que abordar con interdisciplinariedad y con la voz de todos los colectivos implicados. En segundo lugar, es vital y urgentísima una regulación de tales viviendas en todos los ámbitos administrativos (legislación estatal, autonómica y local) y en todos sus aspectos, desde el tributario al administrativo y urbanístico.

Entre las medidas concretas a evaluar y debatir podrían estar las siguientes:

  • Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria pueda poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. De 30 a 90 días. Esta medida ha sido aprobada con éxito en diferentes ciudades europeas y americanas.
  • Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertas zonas de la ciudad.
  • Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades que han tomado medidas exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras plataformas similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.
  • Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades que han regulado, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.
  • Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.
  • Aprobación por parte del Ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio.
  • Estudio de la aplicación de una tasa específica.
  • Todas las personas que ofrecen pisos turísticos deberían ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riego compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.
  • Diferenciar a particulares de profesionales. Las personas que alquilan habitaciones o por cortas temporadas pueden ser particulares que realizan la actividad para poder tener ingresos extra. En viviendas destinadas al alquiler en las que el propietario no reside estamos ante casos de profesionalización e inversión, lo que debería conllevar las obligaciones de una actividad empresarial profesional.
  • La actividad de apartamentos turísticos debe estar aprobada por la comunidad de vecinos o por un informe de impacto vecinal (propuesto por la asociación de Administradores).