La Junta de Andalucía abre la puerta a más ruido en la calle

Hace dos días, los vecinos de toda Andalucía hemos recibido la noticia de que la Junta de Andalucía ha aprobado el Nomenclátor ( Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía).

Nuestra asociación, la Federación de Asociaciones Vecinales de Centros Históricos de Andalucía y diversas asociaciones vecinales presentaron alegaciones en contra de este decreto, todas han sido desoídas. Más grave aún, se ha ignorado una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Este decreto viene a empeorar la situación de ruido y desamparo que sufren los ciudadanos de múltiples municipios, abriendo la puerta a una verbena continua y descontrolada

Pueden consultar nuestras alegaciones en este enlaceAlegacionesCentroAntiguoNomenclátor. 25 junio


Sobre el decreto:

Los residentes del Centro Histórico de Málaga hemos leído con preocupación y estupor el Proyecto de Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, también conocido como Nomenclátor, que vendría a derogar, entre otras normas, el vigente Decreto 78/2002, de 26 de febrero.

Desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga planteamos las siguientes alegaciones basándonos en nuestra responsabilidad de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía en las zonas residenciales, unos derechos que son cada vez más vulnerados en esta espiral de turistificación, gentrificación y sometimiento a la hostelería de los centros urbanos europeos, y que se verían aún más conculcados en caso de aprobarse esta norma. Nuestros asociados hablan de “afrenta a los vecinos de cualquier lugar que se suponga que ha de ser habitable”, de ausencia en su exposición de motivos y su letra de “palabras y conceptos como convivencia, vecinos, ciudadanía, habitabilidad, ruido, descanso, derechos fundamentales, inviolabilidad del domicilio, y un largo etcétera”. En suma, estamos hablando de un decreto que supondría un ataque a la protección real y efectiva de la calidad de vida y de los derechos constitucionales de la ciudadanía establecidos en los arts. 43 (derecho a la protección de la salud), 45 (a un medio ambiente adecuado) y 18 (derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio).

El legislador tiene la obligación de contemplar nuestra posición de ciudadanos ‘acorralados’ por el ruido y la invasión del espacio público para fines privados (y la de tantas otras ciudades y barriadas análogas) a la hora de elaborar una norma que es menos garantista, más laxa y ambigua que la anterior y que está plagada de conceptos jurídicos indeterminados. Que parece estar escrita, sospechamos, para fomentar la arbitrariedad y el ‘laisser faire’. En este sentido, coincidimos plenamente con el espíritu de la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5658 dirigida a Consejería de Justicia e Interior. Si bien tal resolución responde a un borrador anterior del Decreto, su planteamiento, análisis y conclusiones son totalmente válidos ya que los cambios entre la ‘Propuesta’ a la que se refiere y el actual ‘Proyecto’ son de posición y numeración del articulado o cosméticos (alguna matización en cuestión de horarios y poco más).

Según el Defensor, nuestros derechos fundamentales podrían sufrir “cierto riesgo de ser vulnerados por la contaminación acústica derivada de la emisión de música en estos locales y/o en sus terrazas, tal y como tiene reconocido una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”. Pues bien, en el Centro Histórico de Málaga esta situación de vulneración de derechos es, lamentablemente, la norma. En el III Encuentro de la plataforma vecinal europea Vivre la Ville Europe!, clausurado en marzo de 2017 en Madrid, se aludió al caso concreto de Málaga (como ejemplo negativo) y se coincidió en que los problemas comunes a los centros históricos europeos se resumen en dos ejes principales: la degradación del patrimonio material y humano mediante los fenómenos de la gentrificación y la turistificación, y los efectos de la movida, ocio nocturno y la privatización del espacio público por motivos lucrativos que son antepuestos al interés general y al cumplimiento de las propias leyes y normativas. Pues bien, este Decreto sería una puerta abierta al agravamiento de dichos problemas.

Se ha descrito nuestra situación como la de una “deportación planificada del vecino del centro”. Dicha expulsión vendría ahora acompañada por el fragor emanado de una norma que permitiría la música ‘de ambiente’ o ‘de fondo’ en terrazas, la emisión de música pregrabada y en vivo hasta 80 dBA en el interior de todos los establecimientos de hostelería de Andalucía, la instalación de terrazas o veladores en la vía pública en discotecas y salas de fiestas, y la ampliación de horarios de hostelería en ‘municipios turísticos’ y ‘zonas de gran afluencia turística’. Si el Ayuntamiento de una ciudad de más de 600.000 habitantes no podía (o utilizaba una pasividad cómplice, rayana en la prevaricación y la dejación de funciones) hacer cumplir una norma relativamente garantista de derechos, ¿cómo se puede pretender que los pequeños consistorios andaluces puedan controlar otra más ambigua, con conceptos jurídicos vagos e indeterminados?

En suma, asistimos a una colisión en el espíritu del Decreto entre la protección de derechos fundamentales y universales y la intención de dar rango de ley a lo que realmente son intereses particulares de un sector económico concreto. Bajo el disfraz de una norma reguladora se está presentando un plan estratégico de desarrollo de la actividad hostelera (de una cierta manera de edificar el sector hostelero, desde nuestro punto de vista endeble, enfocado a un turismo y un ocio de baja calidad), que ignora al 100 % el ruido provocado por veladores y por conciertos.

Reiteramos, el objetivo del Decreto es apoyar una manera de desarrollo no sostenible de la hostelería y abrir la mano para que sean los municipios quienes decidan dónde y hasta cuándo poner veladores, incluso en discotecas, y para que se permitan actuaciones en todo tipo de establecimientos. Y por mucho que figuren algunas supuestas limitaciones en cuanto a los sectores en los que se permite la instalación de terrazas o veladores donde antes no se permitía o de instalación de equipos de amplificación de música en veladores o “espacios al aire libre de establecimientos de hostelería”, el legislador ha empleado términos suficientemente laxos como para que la excepcionalidad sea la norma. Las expresiones “afluencia de visitantes”, “para incentivar el desarrollo económico” o “dotar de infraestructuras de servicios si existiera demanda”, así como la autorización por espacio de hasta cuatro meses de la música amplificada en terrazas suponen que la supuesta “excepcionalidad” se convertirá en norma. Además, como también advierte el Defensor del Pueblo, el argumento de la permisividad por sectores (‘áreas de sensibilidad acústica’) se tambalea ya que los usos turísticos y terciarios tienen una localización contigua a los usos residenciales, y a que el problema de la contaminación acústica es que el ruido se transmite a través de ondas sonoras que son ‘difíciles de compartimentar’. Todo ello coincide con la manifiesta escasez de medios e incluso de voluntad para medir los niveles de ruidos en municipios de todo tipo (si en Málaga no hay un control, por pasividad cómplice del Ayuntamiento, de la contaminación acústica, qué panorama tendrán los vecinos de municipios con menos medios).

 

La noticia en Diario SUR 

La nueva Ordenanza de Vía Pública abre la veda a la arbitrariedad para beneficio de la hostelería

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga presenta unas sugerencias en las que compara el texto aprobado en el Pleno con las normas de ciudades como Valencia, Madrid, Sevilla o Barcelona

 

La norma que se pretende aprobar autoriza a la Junta de Gobierno a derogar partes importantes de la misma o al concejal de turno a hacer excepciones 

La nueva Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública de Málaga abre la veda a la arbitrariedad y se preocupa ante todo de establecer un conjunto de normas que favorezca la instalación de los negocios de hostelería en nuestras calles y plazas. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga contempla con preocupación que el texto, aprobado inicialmente en el Pleno del Ayuntamiento el 30 de octubre del pasado 2017 y que ha permanecido hasta el pasado lunes 29 en período de información pública previo a su aprobación definitiva, plasme exclusivamente los intereses que defienden los empresarios de dicho sector e ignore la protección de los derechos e intereses de la ciudadanía. Además, la nueva norma ratifica y legaliza el agravio comparativo y discriminatorio en la regulación de los Planes de Aprovechamiento y da vía libre a la parcialidad y la discrecionalidad en sus numerosas referencias a posibles excepciones. En resumen, la norma que se pretende aprobar autoriza a la Junta de Gobierno Local a derogar elementos importantes de la misma (mediante los Planes) o al concejal de turno a aprobar excepciones que permitan instalar en la vía pública mostradores, frigoríficos o teles y a apilar mesas y sillas fuera de horario.

La Asociación ha manifestado en diversas ocasiones que el texto aprobado por el Pleno no fue nunca pactado ni consensuado con los representantes de los vecinos, pese a que en su presentación estuviera uno de los miembros de su Junta directiva. Por ello, y como corresponde a su labor de tutela y reclamación de los derechos de los residentes del Centro de Málaga, ha presentado un escrito de sugerencias con el ánimo de llegar a un texto que realmente refleje lo que debería prevalecer, el uso general y prioritario de las vías públicas por toda la ciudadanía, que aquí ha quedado relegado a un segundo plano.

El escrito vecinal compara el texto malagueño con las ordenanzas similares de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, mucho más garantes de los derechos de residentes, viandantes y usuarios en general del espacio público. Además de que la nueva Ordenanza roza las dimensiones de un telegrama (unas escasas 300 palabras), ya su misma exposición de motivos copia directamente y sin ‘pudor’ alguno la de Valencia pero con las modificaciones que le interesan: por ejemplo, la de Málaga indica en su párrafo final que es interés municipal “la reactivación económica, la promoción empresarial y el fomento del empleo”, mientras la valenciana remarca la trascendencia del “uso común general por la ciudadanía, cuya protección será prioritaria, compatibilizando en la medida de lo posible los intereses públicos y privados”. Por ello, la Asociación solicita que se incluyan expresamente en el articulado referencias concretas a la consideración superior y prioritaria de los usos comunes y generales del dominio público sobre los de colectivos empresariales concretos.

La Asociación mantiene en su escrito que tanto los Planes de Aprovechamiento como las excepciones previstas deben ser totalmente eliminados de la Ordenanza a aprobar, pues no son más que derogaciones singulares y puramente discrecionales de la norma general y chocan por tanto con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. No se puede justificar que la mayoría de los empresarios que deseen realizar una ocupación del dominio público se deban regir por una Ordenanza aprobada por el Pleno con todas las garantías de procedimiento e información pública mientras que ‘algunos’ vean amparada la utilización del espacio de todos con unas disposiciones contrarias a la norma general (menos restrictivas y garantes que la misma) aprobadas directamente por la Junta de Gobierno Local, órgano que no es representativo más que de las facciones políticas que en cada momento gobiernen el municipio.

Pero aún más graves son los distintos supuestos de excepcionalidad en las autorizaciones, pues aquí será simplemente el edil del ramo el que podrá concederlas, sin más. Y además en supuestos que la Asociación encuentra especialmente perjudiciales para el interés público, como la posibilidad de instalar en la calle mostradores, frigoríficos, máquinas recreativas, televisores, o apilar mesas y sillas en el exterior fuera del horario establecido.

Alega también la Asociación que no se aprovecha la ocasión para relacionar las disposiciones de la Ordenanza con la regulación sobre ruidos o las Zonas Acústicamente Saturadas que el Ayuntamiento debió por imperativo legal aprobar hace tiempo. Solo se contiene una mención a unos “niveles de ruido superiores a los máximos establecidos en la Ordenanzas de Medio Ambiente”, pero se obvia que la vigente Ordenanza para la prevención del ruido del Ayuntamiento de Málaga no establece realmente valores límite para las ocupaciones con terrazas, sino solo objetivos de calidad acústica.

Respecto de esta cuestión de los ruidos, la Asociación manifiesta también su escepticismo por la referencia que hace de pasada la Ordenanza a los famosos toldos fonoabsorbentes. Tal como se plantean y con independencia del escaso resultado que han dado en otros lugares, como Castellón, los toldos conllevan problemas importantes de encaje urbanístico. Esas estructuras, que no pueden denominarse toldos, suponen un atentado frontal a la estética y la imagen urbana del centro histórico, que se convertirá en un lugar “difícilmente distinguible de un vulgar parque temático, de chiringuitos de playa o de la Feria de Sevilla”.

Los vecinos también solicitan expresamente un aumento del ancho previsto para la zona libre de terrazas de las calles, pues consideran que si el Ayuntamiento practica una política de constante incremento de la atracción de personas al centro, ello debe conllevar reservar espacios mucho más amplios ya no solo al paseo de los viandantes, sino al mero paso de los mismos o a los servicios de emergencia y evacuación.

Finalmente, la Asociación insiste en que es indispensable delimitar con claridad y con los suficientes elementos señalizadores las ocupaciones permitidas para los usos comerciales de las vías públicas, para que sean así identificables por los servicios de control municipales y también por los ciudadanos en general.

Escrito de sugerencias presentado a la OVP