La Junta de Andalucía abre la puerta a más ruido en la calle

Hace dos días, los vecinos de toda Andalucía hemos recibido la noticia de que la Junta de Andalucía ha aprobado el Nomenclátor ( Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía).

Nuestra asociación, la Federación de Asociaciones Vecinales de Centros Históricos de Andalucía y diversas asociaciones vecinales presentaron alegaciones en contra de este decreto, todas han sido desoídas. Más grave aún, se ha ignorado una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Este decreto viene a empeorar la situación de ruido y desamparo que sufren los ciudadanos de múltiples municipios, abriendo la puerta a una verbena continua y descontrolada

Pueden consultar nuestras alegaciones en este enlaceAlegacionesCentroAntiguoNomenclátor. 25 junio


Sobre el decreto:

Los residentes del Centro Histórico de Málaga hemos leído con preocupación y estupor el Proyecto de Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, también conocido como Nomenclátor, que vendría a derogar, entre otras normas, el vigente Decreto 78/2002, de 26 de febrero.

Desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga planteamos las siguientes alegaciones basándonos en nuestra responsabilidad de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía en las zonas residenciales, unos derechos que son cada vez más vulnerados en esta espiral de turistificación, gentrificación y sometimiento a la hostelería de los centros urbanos europeos, y que se verían aún más conculcados en caso de aprobarse esta norma. Nuestros asociados hablan de “afrenta a los vecinos de cualquier lugar que se suponga que ha de ser habitable”, de ausencia en su exposición de motivos y su letra de “palabras y conceptos como convivencia, vecinos, ciudadanía, habitabilidad, ruido, descanso, derechos fundamentales, inviolabilidad del domicilio, y un largo etcétera”. En suma, estamos hablando de un decreto que supondría un ataque a la protección real y efectiva de la calidad de vida y de los derechos constitucionales de la ciudadanía establecidos en los arts. 43 (derecho a la protección de la salud), 45 (a un medio ambiente adecuado) y 18 (derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio).

El legislador tiene la obligación de contemplar nuestra posición de ciudadanos ‘acorralados’ por el ruido y la invasión del espacio público para fines privados (y la de tantas otras ciudades y barriadas análogas) a la hora de elaborar una norma que es menos garantista, más laxa y ambigua que la anterior y que está plagada de conceptos jurídicos indeterminados. Que parece estar escrita, sospechamos, para fomentar la arbitrariedad y el ‘laisser faire’. En este sentido, coincidimos plenamente con el espíritu de la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5658 dirigida a Consejería de Justicia e Interior. Si bien tal resolución responde a un borrador anterior del Decreto, su planteamiento, análisis y conclusiones son totalmente válidos ya que los cambios entre la ‘Propuesta’ a la que se refiere y el actual ‘Proyecto’ son de posición y numeración del articulado o cosméticos (alguna matización en cuestión de horarios y poco más).

Según el Defensor, nuestros derechos fundamentales podrían sufrir “cierto riesgo de ser vulnerados por la contaminación acústica derivada de la emisión de música en estos locales y/o en sus terrazas, tal y como tiene reconocido una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”. Pues bien, en el Centro Histórico de Málaga esta situación de vulneración de derechos es, lamentablemente, la norma. En el III Encuentro de la plataforma vecinal europea Vivre la Ville Europe!, clausurado en marzo de 2017 en Madrid, se aludió al caso concreto de Málaga (como ejemplo negativo) y se coincidió en que los problemas comunes a los centros históricos europeos se resumen en dos ejes principales: la degradación del patrimonio material y humano mediante los fenómenos de la gentrificación y la turistificación, y los efectos de la movida, ocio nocturno y la privatización del espacio público por motivos lucrativos que son antepuestos al interés general y al cumplimiento de las propias leyes y normativas. Pues bien, este Decreto sería una puerta abierta al agravamiento de dichos problemas.

Se ha descrito nuestra situación como la de una “deportación planificada del vecino del centro”. Dicha expulsión vendría ahora acompañada por el fragor emanado de una norma que permitiría la música ‘de ambiente’ o ‘de fondo’ en terrazas, la emisión de música pregrabada y en vivo hasta 80 dBA en el interior de todos los establecimientos de hostelería de Andalucía, la instalación de terrazas o veladores en la vía pública en discotecas y salas de fiestas, y la ampliación de horarios de hostelería en ‘municipios turísticos’ y ‘zonas de gran afluencia turística’. Si el Ayuntamiento de una ciudad de más de 600.000 habitantes no podía (o utilizaba una pasividad cómplice, rayana en la prevaricación y la dejación de funciones) hacer cumplir una norma relativamente garantista de derechos, ¿cómo se puede pretender que los pequeños consistorios andaluces puedan controlar otra más ambigua, con conceptos jurídicos vagos e indeterminados?

En suma, asistimos a una colisión en el espíritu del Decreto entre la protección de derechos fundamentales y universales y la intención de dar rango de ley a lo que realmente son intereses particulares de un sector económico concreto. Bajo el disfraz de una norma reguladora se está presentando un plan estratégico de desarrollo de la actividad hostelera (de una cierta manera de edificar el sector hostelero, desde nuestro punto de vista endeble, enfocado a un turismo y un ocio de baja calidad), que ignora al 100 % el ruido provocado por veladores y por conciertos.

Reiteramos, el objetivo del Decreto es apoyar una manera de desarrollo no sostenible de la hostelería y abrir la mano para que sean los municipios quienes decidan dónde y hasta cuándo poner veladores, incluso en discotecas, y para que se permitan actuaciones en todo tipo de establecimientos. Y por mucho que figuren algunas supuestas limitaciones en cuanto a los sectores en los que se permite la instalación de terrazas o veladores donde antes no se permitía o de instalación de equipos de amplificación de música en veladores o “espacios al aire libre de establecimientos de hostelería”, el legislador ha empleado términos suficientemente laxos como para que la excepcionalidad sea la norma. Las expresiones “afluencia de visitantes”, “para incentivar el desarrollo económico” o “dotar de infraestructuras de servicios si existiera demanda”, así como la autorización por espacio de hasta cuatro meses de la música amplificada en terrazas suponen que la supuesta “excepcionalidad” se convertirá en norma. Además, como también advierte el Defensor del Pueblo, el argumento de la permisividad por sectores (‘áreas de sensibilidad acústica’) se tambalea ya que los usos turísticos y terciarios tienen una localización contigua a los usos residenciales, y a que el problema de la contaminación acústica es que el ruido se transmite a través de ondas sonoras que son ‘difíciles de compartimentar’. Todo ello coincide con la manifiesta escasez de medios e incluso de voluntad para medir los niveles de ruidos en municipios de todo tipo (si en Málaga no hay un control, por pasividad cómplice del Ayuntamiento, de la contaminación acústica, qué panorama tendrán los vecinos de municipios con menos medios).

 

La noticia en Diario SUR 

El Ayuntamiento silencia el problema del ruido en Málaga

El Ayuntamiento silencia el problema del ruido en Málaga

 

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga denuncia la dilatación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas

 

En vez de cumplir con la ley andaluza contra la contaminación acústica y con los acuerdos del Pleno, el Consistorio usa una nueva artimaña, una ‘consulta popular’, para demorar el procedimiento

 

El Ayuntamiento de Málaga silencia el gravísimo problema del ruido en Málaga. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga asiste perpleja a la dilatación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas a que está obligado por ley y por mandato democrático el Consistorio. En vez de cumplir con la legislación andaluza y con los acuerdos del Pleno, el Ayuntamiento usa la artimaña de una supuesta “consulta popular” para no aprobar el plan contra el ruido que lleva años ‘estudiando’ y supuestamente ‘negociando’ con los afectados. Así, el procedimiento para poner coto al ruido generado por los negocios de hostelería en el Centro Histórico y Teatinos se pospondrá al menos hasta el próximo mes de noviembre.

 

Recordemos que el artículo 16.5 del Decreto 6/2012 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía establece que “en el plazo de un año desde la aprobación de los mapas singulares de ruido se elaborarán y aprobarán los subsiguientes planes de acción”. Dichos mapas, publicados a principios de 2016, arrojaron una exagerada superación de los niveles sonoros máximos permitidos, especialmente de noche (entre las 24 y las 2 de la madrugada). En ese período el incumplimiento se daba en ¡160 de los 163 puntos de medición![1] Por tanto, las acciones para atajar el problema, esto es, la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), deberían haberse aprobado a principios de 2017. La nueva estrategia desplaza el problema a finales de 2018, lo que supondría dos años de incumplimiento de la ley por parte del Ayuntamiento y casi 4 de desamparo de los vecinos.

 

Debemos recordar que no hablamos de un choque de distintos intereses contrapuestos: el derecho al descanso está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 40 de la Constitución Española. Insistimos en ello porque representamos a un gran número de ciudadanos y ciudadanas con problemas reales, que no pueden conciliar el sueño, que tienen que vivir con un exceso de ruido constante, que asisten desprotegidos a la sistemática violación de la intimidad de su vivienda (otro derecho fundamental). De hecho, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha ofrecido esta mañana junto al monumento a Torrijos de la plaza de la Merced una rueda de prensa sobre el problema del ruido arropada por otros cinco colectivos de la ciudad: representantes de la Asociación de Vecinos “El Romeral Contra el Ruido”, la Asociación de Vecinos Puerta de Gigantas, la Asociación de Vecinos Lagunillas Por Venir, la Asociación de Vecinos Centro Sur Soho Barrio de las Artes, la Asociación de Vecinos Gibralfaro, la Asociación de Vecinos “El Bulto” y Ecologistas en Acción Ciudad de Málaga han acompañado a nuestros presidente y vicepresidente, Alfonso Miranda y Alejandro Villén.

Tras innumerables mesas de trabajo para abordar la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas, de intercambios de documentos y de reuniones, la Junta de Gobierno Local aprobó el 2 de febrero de 2018 una primera “Propuesta Declaración de determinadas zonas del Centro y Teatinos como Zonas Acústicamente Saturadas”. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23 de febrero de 2018, instó al equipo de gobierno a poner en marcha de forma inmediata las ZAS y la revisión de PEPRI Centro, paralizado desde 2014. Sin embargo, los hosteleros, con el apoyo de Ciudadanos, pretendieron paralizar el proceso impugnando la ‘zonificación’, es decir, volviendo a su viejo sueño de considerar el Centro zona de exclusivo interés turístico y no como espacio residencial. Esto es, expulsando de facto a los vecinos de la ecuación. Y todo para ocultar que el lobby hostelero no había hecho propuesta o alegación en firme, con medidas concretas, al primer documento del Ayuntamiento. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo sí planteó en dichas reuniones propuestas concretas (se puede consultar aquí: https://t.co/WXoo15LzBs). Cuando el informe del secretario municipal certificó la legalidad de la actual zonificación, el Consistorio se escudó primero en el cambio del concejal del ramo para ralentizar el proceso, anunciando reuniones sectoriales para buscar un consenso imposible y ‘viajes’ para comprobar in situ la eficacia de las ZAS de otras poblaciones.

 

A día de hoy no hay constancia, aparte de oponerse a la aplicación de la ley, de ninguna propuesta firme de los hosteleros ni de Ciudadanos, y tampoco se conoce la postura del grupo Socialista. Así que no entendemos el argumento de falta de acuerdo entre las partes.

 

Ahora se vuelve a dinamitar el proceso bajo la excusa de una supuesta ‘consulta popular’. En esa estrategia dilatoria, el área de Sostenibilidad Medioambiental ‘consulta’ si aplica la ley o no mediante una entrada en la plataforma ‘Málaga contesta’[2] que tiene previsto hacerse pública este lunes 21 y que en la práctica significa hacer oídos sordos a la ley andaluza, a las recomendaciones del monitorizado del ruido, a nuestras alegaciones a los borradores de la declaración de ZAS y a las mociones presentadas por Málaga Ahora y Málaga para la Gente y ya aprobadas en el Pleno de febrero.

 

Esta nueva artimaña responde a una estrategia perversa: bajo la apariencia de ‘legalidad’ y de ‘participación ciudadana’ se sortean los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz (que urgió al Consistorio a la declaración de ZAS). Al mismo tiempo, con quienes realmente conversan los dirigentes municipales es con el sector hostelero en reuniones privadas. De hecho, el alcalde de Málaga aún no ha contestado a nuestras solicitudes de reuniones pero sí ha reconocido contactos a puerta cerrada con el lobby hostelero.

edf

El problema del ruido en el Centro y Teatinos y las propuestas de ZAS

 

El nivel sonoro máximo permitido en la ciudad entre las 23 y las 7 horas es de 55 decibelios. Pues bien, en las últimas campañas de medición para la elaboración de los mapas de ruido (realizadas además fueron en octubre y en marzo, dos meses no demasiado problemáticos) se alcanzaron en ese horario medias de entre 75 y 80 decibelios, un volumen brutal para una zona residencial.

 

En este entorno de superación sistemática de los límites de ruido, el Ayuntamiento persevera. De un lado organizando, promoviendo o autorizando todo tipo de actos y eventos en la vía pública con profusión de ruido y megafonía. De otro, autorizando en quince puntos de la ciudad la actuación de músicos en la calle, en teoría con sujeción a un horario y unos límites sonoros, aunque en la práctica la música se desarrolla sin limitación ninguna, amplificación mayúscula y ausencia de control municipal, pues la Policía ni siquiera dispone de sonómetros y suele hacer caso omiso a las denuncias.

 

Constatado el problema, la normativa obliga al Ayuntamiento a tomar medidas y aprobar los llamados planes de acción. Dado que las terrazas de numerosos lugares del centro superan los niveles con creces (plaza de la Merced, plaza Mitjana, plaza de El Pimpi o ciertas calles de Teatinos), solo caben estas opciones: reducir la superficie ocupada, el horario de funcionamiento o ambas cosas a la vez. Junto a ello, es obligada la famosa ‘moratoria’ en la autorización de nuevas actividades, aunque sabemos que ya hay calles en las que no cabe un solo bar más.

 

La propuesta inicialmente planteada por el Ayuntamiento era absolutamente ridícula: cierre de las terrazas a la 1 de la mañana, ¡pero solo en 65 días de los 365 que tiene el año! Y además nunca en verano, ni en fines de semana, precisamente cuando el problema es mucho mayor. Es decir, notoriamente insuficiente para nosotros, para otras asociaciones vecinales y para algunos grupos políticos que habían presentado sus respectivas enmiendas (al menos Málaga para la Gente y Málaga Ahora). Nuestra propuesta aportaba medidas concretas como un nuevo horario de cierre para todo el año (domingo a jueves a las 24.00, viernes y sábado a la 1.00) y reducción de mesas y superficie ocupada. Estas medidas coincidían en espíritu y letra con las recomendaciones de la empresa (SINCOSUR) que realizó para el Ayuntamiento los mapas de ruido, y son incluso más ‘comprensivas’ con el sector hostelero que las que aplican ciudades como Sevilla, Valencia, Jerez, Castellón o Madrid.

 

Sin embargo, los hosteleros protestan en público, presionan al Ayuntamiento en privado y consiguen paralizar la declaración de ZAS incluso en los términos insignificantes en los que pensaba hacerla. Ahora se sacan de la chistera una ‘consulta pública’ cuyas conclusiones no estarían listas antes del 21 de noviembre. Y la ciudadanía se pregunta, ¿hasta qué punto tiene el Ayuntamiento obligación de cumplir las resoluciones del Pleno o la ley andaluza? ¿Se las pueden saltar sin consecuencias? ¿Así es como se pretende cumplir con los objetivos aprobados en la Agenda 21 para el 2020? ¿Forma parte todo ello de una estrategia planificada de expulsión de los vecinos y vecinas del Centro Histórico de Málaga? ¿Vamos camino a golpe de amplificador y de bullicio en las terrazas a las 2 de la madrugada de la idea acariciada por Juan Cassá, esa de una ‘City’ anglosajona llena de ocio y multinacionales y vacía de residentes? ¿Es esto lo que queremos para la Málaga ‘de la cultura’?

[1]              en la web municipal se pueden consultar los mapas y monitorizados de ruido con fecha: http://medioambiente.malaga.eu/es/proceso-de-declaracion-de-zonas-acusticamente-saturadas-zas/index.html

 

[2]              Link de la consulta: http://malagacontesta.malaga.eu/es/propuestas-de-gobierno/Propuesta-Declaracion-de-determinadas-zonas-del-Centro-y-Teatinos-como-Zonas-Acusticamente-Saturadas/