La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga presenta unas sugerencias en las que compara el texto aprobado en el Pleno con las normas de ciudades como Valencia, Madrid, Sevilla o Barcelona
La norma que se pretende aprobar autoriza a la Junta de Gobierno a derogar partes importantes de la misma o al concejal de turno a hacer excepciones
La nueva Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública de Málaga abre la veda a la arbitrariedad y se preocupa ante todo de establecer un conjunto de normas que favorezca la instalación de los negocios de hostelería en nuestras calles y plazas. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga contempla con preocupación que el texto, aprobado inicialmente en el Pleno del Ayuntamiento el 30 de octubre del pasado 2017 y que ha permanecido hasta el pasado lunes 29 en período de información pública previo a su aprobación definitiva, plasme exclusivamente los intereses que defienden los empresarios de dicho sector e ignore la protección de los derechos e intereses de la ciudadanía. Además, la nueva norma ratifica y legaliza el agravio comparativo y discriminatorio en la regulación de los Planes de Aprovechamiento y da vía libre a la parcialidad y la discrecionalidad en sus numerosas referencias a posibles excepciones. En resumen, la norma que se pretende aprobar autoriza a la Junta de Gobierno Local a derogar elementos importantes de la misma (mediante los Planes) o al concejal de turno a aprobar excepciones que permitan instalar en la vía pública mostradores, frigoríficos o teles y a apilar mesas y sillas fuera de horario.
La Asociación ha manifestado en diversas ocasiones que el texto aprobado por el Pleno no fue nunca pactado ni consensuado con los representantes de los vecinos, pese a que en su presentación estuviera uno de los miembros de su Junta directiva. Por ello, y como corresponde a su labor de tutela y reclamación de los derechos de los residentes del Centro de Málaga, ha presentado un escrito de sugerencias con el ánimo de llegar a un texto que realmente refleje lo que debería prevalecer, el uso general y prioritario de las vías públicas por toda la ciudadanía, que aquí ha quedado relegado a un segundo plano.
El escrito vecinal compara el texto malagueño con las ordenanzas similares de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, mucho más garantes de los derechos de residentes, viandantes y usuarios en general del espacio público. Además de que la nueva Ordenanza roza las dimensiones de un telegrama (unas escasas 300 palabras), ya su misma exposición de motivos copia directamente y sin ‘pudor’ alguno la de Valencia pero con las modificaciones que le interesan: por ejemplo, la de Málaga indica en su párrafo final que es interés municipal “la reactivación económica, la promoción empresarial y el fomento del empleo”, mientras la valenciana remarca la trascendencia del “uso común general por la ciudadanía, cuya protección será prioritaria, compatibilizando en la medida de lo posible los intereses públicos y privados”. Por ello, la Asociación solicita que se incluyan expresamente en el articulado referencias concretas a la consideración superior y prioritaria de los usos comunes y generales del dominio público sobre los de colectivos empresariales concretos.
La Asociación mantiene en su escrito que tanto los Planes de Aprovechamiento como las excepciones previstas deben ser totalmente eliminados de la Ordenanza a aprobar, pues no son más que derogaciones singulares y puramente discrecionales de la norma general y chocan por tanto con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. No se puede justificar que la mayoría de los empresarios que deseen realizar una ocupación del dominio público se deban regir por una Ordenanza aprobada por el Pleno con todas las garantías de procedimiento e información pública mientras que ‘algunos’ vean amparada la utilización del espacio de todos con unas disposiciones contrarias a la norma general (menos restrictivas y garantes que la misma) aprobadas directamente por la Junta de Gobierno Local, órgano que no es representativo más que de las facciones políticas que en cada momento gobiernen el municipio.
Pero aún más graves son los distintos supuestos de excepcionalidad en las autorizaciones, pues aquí será simplemente el edil del ramo el que podrá concederlas, sin más. Y además en supuestos que la Asociación encuentra especialmente perjudiciales para el interés público, como la posibilidad de instalar en la calle mostradores, frigoríficos, máquinas recreativas, televisores, o apilar mesas y sillas en el exterior fuera del horario establecido.
Alega también la Asociación que no se aprovecha la ocasión para relacionar las disposiciones de la Ordenanza con la regulación sobre ruidos o las Zonas Acústicamente Saturadas que el Ayuntamiento debió por imperativo legal aprobar hace tiempo. Solo se contiene una mención a unos “niveles de ruido superiores a los máximos establecidos en la Ordenanzas de Medio Ambiente”, pero se obvia que la vigente Ordenanza para la prevención del ruido del Ayuntamiento de Málaga no establece realmente valores límite para las ocupaciones con terrazas, sino solo objetivos de calidad acústica.
Respecto de esta cuestión de los ruidos, la Asociación manifiesta también su escepticismo por la referencia que hace de pasada la Ordenanza a los famosos toldos fonoabsorbentes. Tal como se plantean y con independencia del escaso resultado que han dado en otros lugares, como Castellón, los toldos conllevan problemas importantes de encaje urbanístico. Esas estructuras, que no pueden denominarse toldos, suponen un atentado frontal a la estética y la imagen urbana del centro histórico, que se convertirá en un lugar “difícilmente distinguible de un vulgar parque temático, de chiringuitos de playa o de la Feria de Sevilla”.
Los vecinos también solicitan expresamente un aumento del ancho previsto para la zona libre de terrazas de las calles, pues consideran que si el Ayuntamiento practica una política de constante incremento de la atracción de personas al centro, ello debe conllevar reservar espacios mucho más amplios ya no solo al paseo de los viandantes, sino al mero paso de los mismos o a los servicios de emergencia y evacuación.
Finalmente, la Asociación insiste en que es indispensable delimitar con claridad y con los suficientes elementos señalizadores las ocupaciones permitidas para los usos comerciales de las vías públicas, para que sean así identificables por los servicios de control municipales y también por los ciudadanos en general.