Ayer por la tarde una delegación de más de 300 entidades de 9 comunidades autónomas, entre las que destacan los colectivos de los centros históricos, ha registrado la petición en el Parlamento
La demanda es fruto de la indignación que generó la publicación, este verano, del “Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España» de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia
En él, el organismo público niega la relación entre la subida de los precios del alquiler y la expansión de las VUT en algunos barrios, haciendo suyo el argumentario de plataformas como AirBnB
Ayer por tarde, representantes de más de 300 asociaciones vecinales de nueve comunidades autónomas registraron en el Congreso de los Diputados una petición para que comparezca el presidente de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) y explique cómo se gestó el polémico «Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España». Buena parte de esas entidades, entre las que se encuentran las federaciones de asociaciones vecinales de Madrid, Barcelona y Ávila, la Federación de AAVV de Centros Históricos de Andalucía y la Coordinadora de AAVV de Madrid Centro, proceden de barrios que a diario sufren las consecuencias de la turistificación y de la expansión descontrolada de ese tipo de alojamientos. Por eso, la publicación, este verano, del estudio del organismo que preside José María Marín Quemada sentó a estas entidades como una auténtica puñalada, ya que reproduce buena parte del argumentario de plataformas como AirBnB, negando, entre otras cosas, que exista una relación entre el aumento de los precios de los alquileres y la proliferación de los alojamientos turísticos.
“Consideramos que las llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC y la posición de AirBnB reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas, visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones, y quiénes asistieron”, puede leerse en la petición consignada ayer, que ha sido dirigida al presidente de la Comisión de Economía y Competitividad, el espacio en el que Marín debería rendir cuentas ante la ciudadanía.
Las asociaciones vecinales que firman la petición de comparecencia (cuyo documento adjuntamos) consideran “la intromisión de la CNMC injustificable y fuera de lugar al anunciar los recursos contra las normas de ayuntamientos y comunidades autónomas que están empezando a regular las VUT” y critican “la vergonzosa defensa pública de este organismo, con los mismos argumentos de las empresas como AirBnB, que tienen intereses”.
En su escrito, en el que solicitan el apoyo de los diputados y diputadas de la Comisión de Economía y Competitividad, las entidades vecinales recogen algunas de las razones por las que piden la interdicción de las viviendas turísticas: “las VUT no son queridas por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los de los vecinos habituales, además de los problemas de seguridad que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente”. Pero, sobre todo, “la pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente mata la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven”, apostillan.
Sin embargo, “todos estos problemas parecen no existir para la CNMC. Los minimiza o da para ellos unas soluciones imposibles o directamente absurdas, a pesar de las evidentes «externalidades negativas», como se llama en la jerga neoliberal a aquellos daños que la libertad de unos pocos causa al resto. Y que, como tal, requieren de una mínima reflexión. Nos preocupa muchísimo que la CNMC, un organismo pagado con dinero público, proceda con tanta falta de rigor y se emplee abiertamente en hacer lobby a determinadas empresas que obtienen un beneficio directo del incumplimiento del marco legal por parte de muchos de sus denominados «anfitriones». Una empresa que obtiene lucro de la ‘ilegalidad’ nunca debería ser considerada un interlocutor válido”, remachan las asociaciones vecinales en el documento que registraron ayer.
Hace dos días, los vecinos de toda Andalucía hemos recibido la noticia de que la Junta de Andalucía ha aprobado el Nomenclátor ( Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía).
Este decreto viene a empeorar la situación de ruido y desamparo que sufren los ciudadanos de múltiples municipios, abriendo la puerta a una verbena continua y descontrolada
Los residentes del Centro Histórico de Málaga hemos leído con preocupación y estupor el Proyecto de Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, también conocido como Nomenclátor, que vendría a derogar, entre otras normas, el vigente Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga planteamos las siguientes alegaciones basándonos en nuestra responsabilidad de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía en las zonas residenciales, unos derechos que son cada vez más vulnerados en esta espiral de turistificación, gentrificación y sometimiento a la hostelería de los centros urbanos europeos, y que se verían aún más conculcados en caso de aprobarse esta norma. Nuestros asociados hablan de “afrenta a los vecinos de cualquier lugar que se suponga que ha de ser habitable”, de ausencia en su exposición de motivos y su letra de “palabras y conceptos como convivencia, vecinos, ciudadanía, habitabilidad, ruido, descanso, derechos fundamentales, inviolabilidad del domicilio, y un largo etcétera”. En suma, estamos hablando de un decreto que supondría un ataque a la protección real y efectiva de la calidad de vida y de los derechos constitucionales de la ciudadanía establecidos en los arts. 43 (derecho a la protección de la salud), 45 (a un medio ambiente adecuado) y 18 (derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio).
El legislador tiene la obligación de contemplar nuestra posición de ciudadanos ‘acorralados’ por el ruido y la invasión del espacio público para fines privados (y la de tantas otras ciudades y barriadas análogas) a la hora de elaborar una norma que es menos garantista, más laxa y ambigua que la anterior y que está plagada de conceptos jurídicos indeterminados. Que parece estar escrita, sospechamos, para fomentar la arbitrariedad y el ‘laisser faire’. En este sentido, coincidimos plenamente con el espíritu de la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5658 dirigida a Consejería de Justicia e Interior. Si bien tal resolución responde a un borrador anterior del Decreto, su planteamiento, análisis y conclusiones son totalmente válidos ya que los cambios entre la ‘Propuesta’ a la que se refiere y el actual ‘Proyecto’ son de posición y numeración del articulado o cosméticos (alguna matización en cuestión de horarios y poco más).
Según el Defensor, nuestros derechos fundamentales podrían sufrir “cierto riesgo de ser vulnerados por la contaminación acústica derivada de la emisión de música en estos locales y/o en sus terrazas, tal y como tiene reconocido una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”. Pues bien, en el Centro Histórico de Málaga esta situación de vulneración de derechos es, lamentablemente, la norma. En el III Encuentro de la plataforma vecinal europea Vivre la Ville Europe!, clausurado en marzo de 2017 en Madrid, se aludió al caso concreto de Málaga (como ejemplo negativo) y se coincidió en que los problemas comunes a los centros históricos europeos se resumen en dos ejes principales: la degradación del patrimonio material y humano mediante los fenómenos de la gentrificación y la turistificación, y los efectos de la movida, ocio nocturno y la privatización del espacio público por motivos lucrativos que son antepuestos al interés general y al cumplimiento de las propias leyes y normativas. Pues bien, este Decreto sería una puerta abierta al agravamiento de dichos problemas.
Se ha descrito nuestra situación como la de una “deportación planificada del vecino del centro”. Dicha expulsión vendría ahora acompañada por el fragor emanado de una norma que permitiría la música ‘de ambiente’ o ‘de fondo’ en terrazas, la emisión de música pregrabada y en vivo hasta 80 dBA en el interior de todos los establecimientos de hostelería de Andalucía, la instalación de terrazas o veladores en la vía pública en discotecas y salas de fiestas, y la ampliación de horarios de hostelería en ‘municipios turísticos’ y ‘zonas de gran afluencia turística’. Si el Ayuntamiento de una ciudad de más de 600.000 habitantes no podía (o utilizaba una pasividad cómplice, rayana en la prevaricación y la dejación de funciones) hacer cumplir una norma relativamente garantista de derechos, ¿cómo se puede pretender que los pequeños consistorios andaluces puedan controlar otra más ambigua, con conceptos jurídicos vagos e indeterminados?
En suma, asistimos a una colisión en el espíritu del Decreto entre la protección de derechos fundamentales y universales y la intención de dar rango de ley a lo que realmente son intereses particulares de un sector económico concreto. Bajo el disfraz de una norma reguladora se está presentando un plan estratégico de desarrollo de la actividad hostelera (de una cierta manera de edificar el sector hostelero, desde nuestro punto de vista endeble, enfocado a un turismo y un ocio de baja calidad), que ignora al 100 % el ruido provocado por veladores y por conciertos.
Reiteramos, el objetivo del Decreto es apoyar una manera de desarrollo no sostenible de la hostelería y abrir la mano para que sean los municipios quienes decidan dónde y hasta cuándo poner veladores, incluso en discotecas, y para que se permitan actuaciones en todo tipo de establecimientos. Y por mucho que figuren algunas supuestas limitaciones en cuanto a los sectores en los que se permite la instalación de terrazas o veladores donde antes no se permitía o de instalación de equipos de amplificación de música en veladores o “espacios al aire libre de establecimientos de hostelería”, el legislador ha empleado términos suficientemente laxos como para que la excepcionalidad sea la norma. Las expresiones “afluencia de visitantes”, “para incentivar el desarrollo económico” o “dotar de infraestructuras de servicios si existiera demanda”, así como la autorización por espacio de hasta cuatro meses de la música amplificada en terrazas suponen que la supuesta “excepcionalidad” se convertirá en norma. Además, como también advierte el Defensor del Pueblo, el argumento de la permisividad por sectores (‘áreas de sensibilidad acústica’) se tambalea ya que los usos turísticos y terciarios tienen una localización contigua a los usos residenciales, y a que el problema de la contaminación acústica es que el ruido se transmite a través de ondas sonoras que son ‘difíciles de compartimentar’. Todo ello coincide con la manifiesta escasez de medios e incluso de voluntad para medir los niveles de ruidos en municipios de todo tipo (si en Málaga no hay un control, por pasividad cómplice del Ayuntamiento, de la contaminación acústica, qué panorama tendrán los vecinos de municipios con menos medios).
El Ayuntamiento silencia el problema del ruido en Málaga
La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga denuncia la dilatación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas
En vez de cumplir con la ley andaluza contra la contaminación acústica y con los acuerdos del Pleno, el Consistorio usa una nueva artimaña, una ‘consulta popular’, para demorar el procedimiento
El Ayuntamiento de Málaga silencia el gravísimo problema del ruido en Málaga. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga asiste perpleja a la dilatación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas a que está obligado por ley y por mandato democrático el Consistorio. En vez de cumplir con la legislación andaluza y con los acuerdos del Pleno, el Ayuntamiento usa la artimaña de una supuesta “consulta popular” para no aprobar el plan contra el ruido que lleva años ‘estudiando’ y supuestamente ‘negociando’ con los afectados. Así, el procedimiento para poner coto al ruido generado por los negocios de hostelería en el Centro Histórico y Teatinos se pospondrá al menos hasta el próximo mes de noviembre.
Recordemos que el artículo 16.5 del Decreto 6/2012 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía establece que “en el plazo de un año desde la aprobación de los mapas singulares de ruido se elaborarán y aprobarán los subsiguientes planes de acción”. Dichos mapas, publicados a principios de 2016, arrojaron una exagerada superación de los niveles sonoros máximos permitidos, especialmente de noche (entre las 24 y las 2 de la madrugada). En ese período el incumplimiento se daba en ¡160 de los 163 puntos de medición![1] Por tanto, las acciones para atajar el problema, esto es, la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), deberían haberse aprobado a principios de 2017. La nueva estrategia desplaza el problema a finales de 2018, lo que supondría dos años de incumplimiento de la ley por parte del Ayuntamiento y casi 4 de desamparo de los vecinos.
Debemos recordar que no hablamos de un choque de distintos intereses contrapuestos: el derecho al descanso está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 40 de la Constitución Española. Insistimos en ello porque representamos a un gran número de ciudadanos y ciudadanas con problemas reales, que no pueden conciliar el sueño, que tienen que vivir con un exceso de ruido constante, que asisten desprotegidos a la sistemática violación de la intimidad de su vivienda (otro derecho fundamental). De hecho, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha ofrecido esta mañana junto al monumento a Torrijos de la plaza de la Merced una rueda de prensa sobre el problema del ruido arropada por otros cinco colectivos de la ciudad: representantes de la Asociación de Vecinos “El Romeral Contra el Ruido”, la Asociación de Vecinos Puerta de Gigantas, la Asociación de Vecinos Lagunillas Por Venir, la Asociación de Vecinos Centro Sur Soho Barrio de las Artes, la Asociación de Vecinos Gibralfaro, la Asociación de Vecinos “El Bulto” y Ecologistas en Acción Ciudad de Málaga han acompañado a nuestros presidente y vicepresidente, Alfonso Miranda y Alejandro Villén.
Tras innumerables mesas de trabajo para abordar la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas, de intercambios de documentos y de reuniones, la Junta de Gobierno Local aprobó el 2 de febrero de 2018 una primera “Propuesta Declaración de determinadas zonas del Centro y Teatinos como Zonas Acústicamente Saturadas”. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23 de febrero de 2018, instó al equipo de gobierno a poner en marcha de forma inmediata las ZAS y la revisión de PEPRI Centro, paralizado desde 2014. Sin embargo, los hosteleros, con el apoyo de Ciudadanos, pretendieron paralizar el proceso impugnando la ‘zonificación’, es decir, volviendo a su viejo sueño de considerar el Centro zona de exclusivo interés turístico y no como espacio residencial. Esto es, expulsando de facto a los vecinos de la ecuación. Y todo para ocultar que el lobby hostelero no había hecho propuesta o alegación en firme, con medidas concretas, al primer documento del Ayuntamiento. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo sí planteó en dichas reuniones propuestas concretas (se puede consultar aquí: https://t.co/WXoo15LzBs). Cuando el informe del secretario municipal certificó la legalidad de la actual zonificación, el Consistorio se escudó primero en el cambio del concejal del ramo para ralentizar el proceso, anunciando reuniones sectoriales para buscar un consenso imposible y ‘viajes’ para comprobar in situ la eficacia de las ZAS de otras poblaciones.
A día de hoy no hay constancia, aparte de oponerse a la aplicación de la ley, de ninguna propuesta firme de los hosteleros ni de Ciudadanos, y tampoco se conoce la postura del grupo Socialista. Así que no entendemos el argumento de falta de acuerdo entre las partes.
Ahora se vuelve a dinamitar el proceso bajo la excusa de una supuesta ‘consulta popular’. En esa estrategia dilatoria, el área de Sostenibilidad Medioambiental ‘consulta’ si aplica la ley o no mediante una entrada en la plataforma ‘Málaga contesta’[2] que tiene previsto hacerse pública este lunes 21 y que en la práctica significa hacer oídos sordos a la ley andaluza, a las recomendaciones del monitorizado del ruido, a nuestras alegaciones a los borradores de la declaración de ZAS y a las mociones presentadas por Málaga Ahora y Málaga para la Gente y ya aprobadas en el Pleno de febrero.
Esta nueva artimaña responde a una estrategia perversa: bajo la apariencia de ‘legalidad’ y de ‘participación ciudadana’ se sortean los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz (que urgió al Consistorio a la declaración de ZAS). Al mismo tiempo, con quienes realmente conversan los dirigentes municipales es con el sector hostelero en reuniones privadas. De hecho, el alcalde de Málaga aún no ha contestado a nuestras solicitudes de reuniones pero sí ha reconocido contactos a puerta cerrada con el lobby hostelero.
edf
El problema del ruido en el Centro y Teatinos y las propuestas de ZAS
El nivel sonoro máximo permitido en la ciudad entre las 23 y las 7 horas es de 55 decibelios. Pues bien, en las últimas campañas de medición para la elaboración de los mapas de ruido (realizadas además fueron en octubre y en marzo, dos meses no demasiado problemáticos) se alcanzaron en ese horario medias de entre 75 y 80 decibelios, un volumen brutal para una zona residencial.
En este entorno de superación sistemática de los límites de ruido, el Ayuntamiento persevera. De un lado organizando, promoviendo o autorizando todo tipo de actos y eventos en la vía pública con profusión de ruido y megafonía. De otro, autorizando en quince puntos de la ciudad la actuación de músicos en la calle, en teoría con sujeción a un horario y unos límites sonoros, aunque en la práctica la música se desarrolla sin limitación ninguna, amplificación mayúscula y ausencia de control municipal, pues la Policía ni siquiera dispone de sonómetros y suele hacer caso omiso a las denuncias.
Constatado el problema, la normativa obliga al Ayuntamiento a tomar medidas y aprobar los llamados planes de acción. Dado que las terrazas de numerosos lugares del centro superan los niveles con creces (plaza de la Merced, plaza Mitjana, plaza de El Pimpi o ciertas calles de Teatinos), solo caben estas opciones: reducir la superficie ocupada, el horario de funcionamiento o ambas cosas a la vez. Junto a ello, es obligada la famosa ‘moratoria’ en la autorización de nuevas actividades, aunque sabemos que ya hay calles en las que no cabe un solo bar más.
La propuesta inicialmente planteada por el Ayuntamiento era absolutamente ridícula: cierre de las terrazas a la 1 de la mañana, ¡pero solo en 65 días de los 365 que tiene el año! Y además nunca en verano, ni en fines de semana, precisamente cuando el problema es mucho mayor. Es decir, notoriamente insuficiente para nosotros, para otras asociaciones vecinales y para algunos grupos políticos que habían presentado sus respectivas enmiendas (al menos Málaga para la Gente y Málaga Ahora). Nuestra propuesta aportaba medidas concretas como un nuevo horario de cierre para todo el año (domingo a jueves a las 24.00, viernes y sábado a la 1.00) y reducción de mesas y superficie ocupada. Estas medidas coincidían en espíritu y letra con las recomendaciones de la empresa (SINCOSUR) que realizó para el Ayuntamiento los mapas de ruido, y son incluso más ‘comprensivas’ con el sector hostelero que las que aplican ciudades como Sevilla, Valencia, Jerez, Castellón o Madrid.
Sin embargo, los hosteleros protestan en público, presionan al Ayuntamiento en privado y consiguen paralizar la declaración de ZAS incluso en los términos insignificantes en los que pensaba hacerla. Ahora se sacan de la chistera una ‘consulta pública’ cuyas conclusiones no estarían listas antes del 21 de noviembre. Y la ciudadanía se pregunta, ¿hasta qué punto tiene el Ayuntamiento obligación de cumplir las resoluciones del Pleno o la ley andaluza? ¿Se las pueden saltar sin consecuencias? ¿Así es como se pretende cumplir con los objetivos aprobados en la Agenda 21 para el 2020? ¿Forma parte todo ello de una estrategia planificada de expulsión de los vecinos y vecinas del Centro Histórico de Málaga? ¿Vamos camino a golpe de amplificador y de bullicio en las terrazas a las 2 de la madrugada de la idea acariciada por Juan Cassá, esa de una ‘City’ anglosajona llena de ocio y multinacionales y vacía de residentes? ¿Es esto lo que queremos para la Málaga ‘de la cultura’?
Las camas de este tipo de alojamientos duplican las de los hoteles
Las cifras evidencian que el sector concentra la propiedad en pocas manos
La Asociación de Vecinos Centro Antiguo ha obtenido los datos de Inside Airbnb, una plataforma que analiza la información real de Airbnb
Evolución de las viviendas turísticas de Airbnb en Málaga, fuente: InsideAirbnb
Los apartamentos turísticos ofrecen en Málaga capital casi 23.300 plazas, más del doble de las cifras manejadas por la Administración Pública y el sector. El número de camas que se pueden reservar en estos establecimientos duplica ya las disponibles en los hoteles, en una hipertrofia vertiginosa que como han advertido numerosos informes está generando una nueva burbuja inmobiliaria, la pérdida de la calidad de vida del residente y graves problemas de convivencia.
Según los datos recabados por la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga, a finales de noviembre de este año había en la ciudad 4.853 apartamentos para turistas, la mayoría de ellos disponibles durante todo o casi todo el año y además concentrados en pocas manos. Así, las cifras constatan el funcionamiento ‘sumergido’ de este subsector de arrendamientos urbanos que asociaciones como la nuestra y distintos analistas venían denunciando desde hace tiempo, y desmienten el mensaje lanzado incluso desde medios de comunicación públicos e instituciones de que tal tipo de alquiler serviría de válvula de escape para personas desempleadas o familias en apuros. La información obtenida por la Asociación coincide con las advertencias lanzadas por instituciones públicas como el OMAU o privadas tan diversas como la agencia de calificación Fitch, el portal enalquiler.com, la empresa de servicios inmobiliarios Solvia o el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, que alertan de una muy preocupante burbuja inmobiliaria.
La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha obtenido los datos reales a través de una petición expresa a Inside Airbnb, una plataforma independiente que analiza la información real de Airbnb, la empresa líder del alquiler online de apartamentos turísticos, en ciudades de todo el mundo (información en http://insideairbnb.com/malaga/). Inside Airbnb ha analizado, filtrado y ordenado datos que Airbnb no facilita: en concreto, a 25 de noviembre de 2017, estaban registrados en Málaga en dicha empresa 4.853 establecimientos, de los que 3.701 eran pisos completos, 1.117 habitaciones completas y solo 35 habitaciones compartidas. De ellos, el 85.3 % tiene alta disponibilidad (la media de la disponibilidad es de 208.5 días al año) y el 65.1 % pertenece a personas o empresas con varios apartamentos disponibles. En estos dos tercios, es decir 3.159 anuncios en los que el anfitrión tiene más pisos o habitaciones en alquiler, hemos encontrado 11 perfiles con más de 30 apartamentos disponibles y 20 por encima de los 20 apartamentos, lo que viene a demostrar que el perfil del arrendador está muy lejos de la imagen de una persona o familia que alquila su casa para buscar ingresos extra, y se acerca al de un empresario que desde la economía sumergida o las lagunas legales ejerce una competencia desleal con el sector hotelero o el alquiler convencional. De hecho, recordemos que sólo están registradas en torno al 40 % de las viviendas, y que únicamente 1.694 de estos 4.853 pertenecen a arrendadores que tienen a disposición del turista una única vivienda o habitación.
Los datos del Distrito Centro de Málaga son aún más preocupantes. 15.720 turistas se pueden alojar en los 3.275 establecimientos registrados (el 67,5 % de los disponibles en todo el término municipal), de los cuales 2.652 son apartamentos completos y 599 habitaciones. Los datos de propiedad (el 71.2 % son de personas que tienen varios apartamentos) y disponibilidad (86.5 % de alta disponibilidad y media de 227.5 días al año) revelan que la concentración empresarial se agudiza en el Centro.
23.294 frente a las cerca de 11.000 plazas reconocidas por el Ayuntamiento y la Junta
Los últimos datos facilitados por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía hablaban de 10.985 las plazas que ofrecen las 2.212 viviendas de alquiler al visitante ubicadas en la capital malagueña. Ayer mismo, el director general de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Javier Hernández, cifraba en 11.500 las plazas en el marco de la jornada ‘La vivienda con fines turísticos en nuestro ordenamiento jurídico’, organizada por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Gerencia Municipal de Urbanismo, el área de Turismo, el Centro de Estudios Jurídicos Superiores (Cejus), la Fundación Ciedes y Revistas Especializadas RDU. La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía y los medios de comunicación social utilizan estas cifras, que emplean un ratio de casi 5 ocupantes por vivienda. En nuestros cálculos utilizamos el ratio de Dna Airbnb, otra página que ofrece datos sobre Airbnb y que está orientada a servir de apoyo a posibles arrendadores, y según el cual la ocupación media por vivienda alquilada a turistas es de 4,8 personas. Con ello, los 4.853 establecimientos registrados, con 4,8 residentes de media, permitirían alojar a 23.294 personas, mucho más del doble de las poco más de 10.000 plazas hoteleras de Málaga capital según los últimos datos.
Además, aunque las cifras aportadas por Inside Airbnb superen significativamente las conocidas hasta ahora, solo analizan los apartamentos publicitados en una de las empresas online del sector (aunque sea la líder). Hay que inferir que el número real de las plazas puestas a disposición del turista en Málaga serán aún mayores, dado que pueden estar registradas en otras empresas online (Booking, Homeaway, Hometogo, Apartum, Wimdu, Hundredrooms, etc.) o en empresas o sistemas tradicionales de alquiler (agencias inmobiliarias, alquiler directo, etc.).
En todo caso, de la magnitud del problema generado en la vida ciudadana y el mercado inmobiliario dan fe los avisos de, entre otros agentes, la agencia de calificación Fitch, que ha advertido de que ya es visible una burbuja inmobiliaria en los centros de las grandes ciudades en España y que están creciendo los problemas de acceso a la vivienda. Más concreta y centrada en nuestra ciudad es la advertencia del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, que ha reseñado hace unos días que hay pisos en el Centro de la capital que se han encarecido casi un 200% desde el mes de noviembre de 2016 y que corrobora punto por punto lo que como vecinos sabemos de primera mano: los vecinos se van de sus casas bien porque no pueden aguantar los ruidos y la pérdida de la calidad de vida de su barrio bien porque reciben notificaciones de los propietarios de que no van a renovar el alquiler para transformar la vivienda en alojamiento turístico, y esta espiral deja ya también sin opciones a los estudiantes de la UMA, que tienen serias dificultades para encontrar residencia y empiezan a buscar plazas en otras ciudades.
En otras localidades españolas como Barcelona o Palma de Mallorca entre muchas otras, y en capitales de nuestro entorno como Amsterdam, Berlín o París, que acaba de amenazar con llevar ante la justicia a Airbnb por el alquiler sin permiso de viviendas, se intenta poner coto a los problemas generados por esta espiral con distintas medidas regulatorias. Sin embargo, en Málaga las autoridades públicas continúan haciendo ignorando o, lo que es más grave, incentivando por acción u omisión esta fuente de problemas, abocándonos a un escenario de cartón piedra en el que el Centro Histórico sea un cascarón sin vida real.
Qué es Inside Airbnb
Es una plataforma independiente y sin ánimo de lucro que bajo el lema “adding data to the debate” pone a disposición pública un conjunto de herramientas y datos sobre la actividad real de Airbnb. Inside Airbnb analiza la información pública de los listados de Airbnb de diferentes ciudades del mundo, filtrándola y ordenándola de manera que sirva para poner de relieve cómo Airbnb afecta a las principales capitales turísticas. Esto es, dado que Airbnb no facilita información sobre su actividad (estadísticas de apartamentos o habitaciones, densidad de las mismos, etc.), ni siquiera a las administraciones públicas que se lo requieren, esta plataforma proporciona datos imprescindibles para el debate social sobre el impacto del turismo en la vida ciudadana.
El sentido común, nuestra experiencia y el rápido incremento de los problemas de convivencia y de la burbuja del alquiler nos hacían dudar muy seriamente de los datos oficiales, de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación o de las cifras manejadas por el gremio en reclamaciones de desregulación salvaje del sector. Por ello, desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga solicitamos este verano a Inside Airbnb que nos elaborara un estudio riguroso de datos sobre la implantación de los apartamentos turísticos en nuestra ciudad. La plataforma ya había publicado diagnósticos de ciudades como Toronto, Québec, Boston, Chicago, Nueva York, San Francisco, Hong Kong, Sídney, París, Berlín, Roma, Amsterdam, Londres, Madrid o Barcelona, y a finales de agosto nos envió una primera remesa de datos. Los cifras facilitadas ahora son una ‘fotografía estática’ de la empresa Airbnb a fecha de 25 de noviembre de 2017 y revelan un incremento en solo tres meses de un 4 % de los apartamentos anunciados, con un aumento progresivo de la concentración empresarial y del emplazamiento de estas viviendas en el distrito Centro de la ciudad.
La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga en el debate turístico
En nuestro ‘manifiesto’, publicado en nuestra web y datado en abril de este año (centroantiguomalaga.com/la-asociacion/manifiesto/), ya alertábamos del problema creciente de la sustitución de usos residenciales por apartamentos u hostales. “El éxodo paulatino pero constante de habitantes del Centro Histórico –decíamos- parece abocarnos a una ciudad escaparate, en la que solo circule un tipo de turismo de baja calidad, incompatible con la vida cotidiana del residente. Málaga ha sido una de las ciudades españolas donde el cambio de uso de los inmuebles del Centro, de residencias para vecinos a negocios en forma de apartamentos turísticos, una gran parte de ellos ‘ilegales’, ha sido más exagerado. Sin duda, ello ha provocado una crisis en la oferta y el precio del alquiler de viviendas de primera residencia y ha generado un proceso de fuerte deterioro social. Además, la sostenibilidad de este modelo de turismo de bajo coste es más que discutible, entre otras razones porque las circunstancias geopolíticas y económicas que lo hacen posible pueden cambiar rápidamente”.
Diariamente, y no es exageración, escuchamos a residentes contarnos que les han subido el alquiler más de un 20 % o que directamente los arrendadores les conminan a abandonar el piso para alquilarlo a turistas. Las inmobiliarias ya incluyen en sus ofertas de venta de pisos el dato del rendimiento que el nuevo propietario podría extraer si dedica el inmueble a vivienda de uso turístico. Es decir, una espiral especulativa asentada en un mercado desregulado, una economía sumergida que genera una pérdida de la identidad de la ciudad y de la calidad de vida de los que resisten a la invasión. El resultado, un escenario de cartón piedra sin personalidad e inseguro, en el que las llaves de nuestro propio portal pueden cambiar de manos 7 veces en una semana.
Entre otros muchos aspectos, el desbocado e incontrolado incremento de las llamadas VFT (viviendas con fines turísticos) provoca:
Un encarecimiento brutal cuando no la práctica desaparición de los arrendamientos de primera vivienda, esto es, para residentes ‘reales’, para habitantes de la ciudad. La consecuencia es un progresivo e imparable desplazamiento y expulsión de vecinos y la conversión de zonas de uso residencial en uso terciario, desvirtuando la planificación urbanística existente.
El éxodo de los estudiantes universitarios a otras ciudades al no poder encontrar un alquiler asumible.
La pérdida del patrimonio inmaterial, así como la degradación sociocultural de la zona. Todo este entramado de calles, edificios, comercios, bares e historias vitales que es el epicentro de la ciudad está perdiendo su carácter de tradicional lugar de encuentro social. El Centro Histórico de Málaga es y debería seguir siendo un barrio, no un centro comercial o de ocio despersonalizado.
El incremento de los apartamentos turísticos está asociado a un nuevo modelo de turismo vacacional descontrolado, normalmente de baja calidad y proclive a generar episodios de vandalismo y malos comportamientos.
Junto a la pérdida de historia inmaterial y a la desaparición de comercios tradicionales, son también numerosas las alertas por la destrucción del patrimonio. Algunas asociaciones especializadas en el estudio y conservación del patrimonio histórico como por ejemplo MálagaREC han denunciado el expolio, la destrucción y la falsificación de numerosos edificios del XVIII y del XIX en la calle Carretería en las obras para destinarlos a viviendas con fines turísticos.
El supuesto beneficio económico de este ‘boom’ está, como hemos denunciado con los datos de concentración empresarial, capitalizado por unos pocos, pero las consecuencias se socializan y las sufrimos todos. A la pérdida de servicios necesarios para la vida del habitante real (centros sociales, educativos, sanitarios, deportivos y culturales, comercios de proximidad, etc.) se suma un gasto de recursos escasos que se dispara con los visitantes de paso. Algunas fuentes hablan de que un turista consume un 120 % más de agua que un residente.
Un panorama inseguro, en el que los pocos que siguen habitando en el Centro ya no saben quién son esos ocupantes eventuales que fugazmente suben y bajan las escaleras. Los consiguientes riesgos de seguridad son evidentes, máxime cuando como hemos advertido la mayoría de las viviendas arrendadas para turistas se sitúan en la opacidad más absoluta.
Este diagnóstico no es exclusivo de Málaga, aunque aquí aún seguimos escuchando en diferentes jornadas organizadas por el sector o en boca de las instituciones públicas que deberían velar por los derechos de toda la ciudadanía discursos triunfalistas, que abogan por una mayor desregulación, que minimizan los problemas o que proponen como ‘solución’ (caso del informe de Ciedes) la extensión del fenómeno a barrios aún no saturados. Sin embargo, la necesidad de una regulación en profundidad del turismo relacionado con las propiedades residenciales o alquiler vacacional ha abierto un amplio debate en toda España, y muchas de las capitales afectadas están tomando medidas (Valencia, Madrid, Granada, Barcelona) con mayor o menor dureza. A nivel internacional, San Francisco y Berlín han conseguido regularlo con éxito, y parece que París está empezando a tomar cartas en el asunto de manera decidida.
Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga insta a las autoridades públicas a que abran un proceso de participación ciudadana real en el que se tomen decisiones para proteger la calidad de vida y los derechos constitucionales de los residentes. En primer lugar es imprescindible y urgente reexaminar globalmente el modelo turístico para dirigirlo por derroteros compatibles con una ciudad de verdad y no tematizada: el auge de este tipo de establecimientos y de sus consecuencias negativas (esperemos que no irreversibles) sobre la vida ciudadana se inscribe en un proceso de gentrificación y turistificación que hay que abordar con interdisciplinariedad y con la voz de todos los colectivos implicados. En segundo lugar, es vital y urgentísima una regulación de tales viviendas en todos los ámbitos administrativos (legislación estatal, autonómica y local) y en todos sus aspectos, desde el tributario al administrativo y urbanístico.
Entre las medidas concretas a evaluar y debatir podrían estar las siguientes:
Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria pueda poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. De 30 a 90 días. Esta medida ha sido aprobada con éxito en diferentes ciudades europeas y americanas.
Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertas zonas de la ciudad.
Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades que han tomado medidas exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras plataformas similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.
Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades que han regulado, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.
Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.
Aprobación por parte del Ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio.
Estudio de la aplicación de una tasa específica.
Todas las personas que ofrecen pisos turísticos deberían ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riego compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.
Diferenciar a particulares de profesionales. Las personas que alquilan habitaciones o por cortas temporadas pueden ser particulares que realizan la actividad para poder tener ingresos extra. En viviendas destinadas al alquiler en las que el propietario no reside estamos ante casos de profesionalización e inversión, lo que debería conllevar las obligaciones de una actividad empresarial profesional.
La actividad de apartamentos turísticos debe estar aprobada por la comunidad de vecinos o por un informe de impacto vecinal (propuesto por la asociación de Administradores).
La asamblea votó por unanimidad a la candidatura presidida por Alfonso Miranda Páez, que profundizará en la línea de trabajo de la anterior Gestora
La Asociación de Vecinos Centro Antiguo ha renovado su imagen y su Junta Directiva. La asamblea de la agrupación votó por unanimidad a la candidatura presidida por Alfonso Miranda Páez, que profundizará en la línea de trabajo por la defensa de los derechos de los residentes ya emprendida por la anterior Gestora. La reunión plenaria de la Asociación, celebrada la tarde del martes pasado, 7 de noviembre, también aprobó por unanimidad la gestión desarrollada desde marzo de este año, fecha en la que la Gestora se hizo cargo del timón, y sirvió de presentación a los socios de los nuevos canales de comunicación abiertos: una página web (centroantiguomalaga.com) y una cuenta oficial de Twitter (@vecinosmalaga)
Alfonso Miranda Páez y Alejandro Villén en calidad de nuevo vicepresidente encabezan un equipo de residentes en el Centro Histórico de Málaga que desea potenciar el papel vertebrador de la Asociación y su rol de interlocución entre los vecinos, la Sociedad Civil y la Administraciones Públicas.
Continuación de la labor emprendida por la Gestora
Teniendo siempre como propósito mantener la calidad de vida del barrio haciendo compatible el desarrollo económico, social y urbanístico con los derechos cívicos de los ciudadanos, la anterior Gestora participó activamente en distintos foros (Consejos Territoriales de Participación, Pleno del Ayuntamiento, reuniones en el OMAU, etc.), elaboró alegaciones a normativas, manifiestos y tribunas, y expresó el sentir de los residentes en medios de comunicación nacionales, autonómicos y locales. Además, abordó la renovación de la imagen de la Asociación, rediseñando la identidad corporativa, elaborando la página web y abriendo una cuenta oficial de Twitter, dos nuevos canales de comunicación con los malagueños. La nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo continuará en esa senda de defensa de derechos de los residentes.
En su escrito, en el que solicitan el apoyo de los diputados y diputadas de la Comisión de Economía y Competitividad, las entidades vecinales recogen algunas de las razones por las que piden la interdicción de las viviendas turísticas: “las VUT no son queridas por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los de los vecinos habituales, además de los problemas de seguridad que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente”. Pero, sobre todo, “la pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente mata la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven”, apostillan.
