Hace dos días, los vecinos de toda Andalucía hemos recibido la noticia de que la Junta de Andalucía ha aprobado el Nomenclátor ( Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía).
Nuestra asociación, la Federación de Asociaciones Vecinales de Centros Históricos de Andalucía y diversas asociaciones vecinales presentaron alegaciones en contra de este decreto, todas han sido desoídas. Más grave aún, se ha ignorado una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz.
Este decreto viene a empeorar la situación de ruido y desamparo que sufren los ciudadanos de múltiples municipios, abriendo la puerta a una verbena continua y descontrolada
Pueden consultar nuestras alegaciones en este enlace: AlegacionesCentroAntiguoNomenclátor. 25 junio
Sobre el decreto:
Los residentes del Centro Histórico de Málaga hemos leído con preocupación y estupor el Proyecto de Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, también conocido como Nomenclátor, que vendría a derogar, entre otras normas, el vigente Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga planteamos las siguientes alegaciones basándonos en nuestra responsabilidad de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía en las zonas residenciales, unos derechos que son cada vez más vulnerados en esta espiral de turistificación, gentrificación y sometimiento a la hostelería de los centros urbanos europeos, y que se verían aún más conculcados en caso de aprobarse esta norma. Nuestros asociados hablan de “afrenta a los vecinos de cualquier lugar que se suponga que ha de ser habitable”, de ausencia en su exposición de motivos y su letra de “palabras y conceptos como convivencia, vecinos, ciudadanía, habitabilidad, ruido, descanso, derechos fundamentales, inviolabilidad del domicilio, y un largo etcétera”. En suma, estamos hablando de un decreto que supondría un ataque a la protección real y efectiva de la calidad de vida y de los derechos constitucionales de la ciudadanía establecidos en los arts. 43 (derecho a la protección de la salud), 45 (a un medio ambiente adecuado) y 18 (derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio).
El legislador tiene la obligación de contemplar nuestra posición de ciudadanos ‘acorralados’ por el ruido y la invasión del espacio público para fines privados (y la de tantas otras ciudades y barriadas análogas) a la hora de elaborar una norma que es menos garantista, más laxa y ambigua que la anterior y que está plagada de conceptos jurídicos indeterminados. Que parece estar escrita, sospechamos, para fomentar la arbitrariedad y el ‘laisser faire’. En este sentido, coincidimos plenamente con el espíritu de la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5658 dirigida a Consejería de Justicia e Interior. Si bien tal resolución responde a un borrador anterior del Decreto, su planteamiento, análisis y conclusiones son totalmente válidos ya que los cambios entre la ‘Propuesta’ a la que se refiere y el actual ‘Proyecto’ son de posición y numeración del articulado o cosméticos (alguna matización en cuestión de horarios y poco más).
Según el Defensor, nuestros derechos fundamentales podrían sufrir “cierto riesgo de ser vulnerados por la contaminación acústica derivada de la emisión de música en estos locales y/o en sus terrazas, tal y como tiene reconocido una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”. Pues bien, en el Centro Histórico de Málaga esta situación de vulneración de derechos es, lamentablemente, la norma. En el III Encuentro de la plataforma vecinal europea Vivre la Ville Europe!, clausurado en marzo de 2017 en Madrid, se aludió al caso concreto de Málaga (como ejemplo negativo) y se coincidió en que los problemas comunes a los centros históricos europeos se resumen en dos ejes principales: la degradación del patrimonio material y humano mediante los fenómenos de la gentrificación y la turistificación, y los efectos de la movida, ocio nocturno y la privatización del espacio público por motivos lucrativos que son antepuestos al interés general y al cumplimiento de las propias leyes y normativas. Pues bien, este Decreto sería una puerta abierta al agravamiento de dichos problemas.
Se ha descrito nuestra situación como la de una “deportación planificada del vecino del centro”. Dicha expulsión vendría ahora acompañada por el fragor emanado de una norma que permitiría la música ‘de ambiente’ o ‘de fondo’ en terrazas, la emisión de música pregrabada y en vivo hasta 80 dBA en el interior de todos los establecimientos de hostelería de Andalucía, la instalación de terrazas o veladores en la vía pública en discotecas y salas de fiestas, y la ampliación de horarios de hostelería en ‘municipios turísticos’ y ‘zonas de gran afluencia turística’. Si el Ayuntamiento de una ciudad de más de 600.000 habitantes no podía (o utilizaba una pasividad cómplice, rayana en la prevaricación y la dejación de funciones) hacer cumplir una norma relativamente garantista de derechos, ¿cómo se puede pretender que los pequeños consistorios andaluces puedan controlar otra más ambigua, con conceptos jurídicos vagos e indeterminados?
En suma, asistimos a una colisión en el espíritu del Decreto entre la protección de derechos fundamentales y universales y la intención de dar rango de ley a lo que realmente son intereses particulares de un sector económico concreto. Bajo el disfraz de una norma reguladora se está presentando un plan estratégico de desarrollo de la actividad hostelera (de una cierta manera de edificar el sector hostelero, desde nuestro punto de vista endeble, enfocado a un turismo y un ocio de baja calidad), que ignora al 100 % el ruido provocado por veladores y por conciertos.
Reiteramos, el objetivo del Decreto es apoyar una manera de desarrollo no sostenible de la hostelería y abrir la mano para que sean los municipios quienes decidan dónde y hasta cuándo poner veladores, incluso en discotecas, y para que se permitan actuaciones en todo tipo de establecimientos. Y por mucho que figuren algunas supuestas limitaciones en cuanto a los sectores en los que se permite la instalación de terrazas o veladores donde antes no se permitía o de instalación de equipos de amplificación de música en veladores o “espacios al aire libre de establecimientos de hostelería”, el legislador ha empleado términos suficientemente laxos como para que la excepcionalidad sea la norma. Las expresiones “afluencia de visitantes”, “para incentivar el desarrollo económico” o “dotar de infraestructuras de servicios si existiera demanda”, así como la autorización por espacio de hasta cuatro meses de la música amplificada en terrazas suponen que la supuesta “excepcionalidad” se convertirá en norma. Además, como también advierte el Defensor del Pueblo, el argumento de la permisividad por sectores (‘áreas de sensibilidad acústica’) se tambalea ya que los usos turísticos y terciarios tienen una localización contigua a los usos residenciales, y a que el problema de la contaminación acústica es que el ruido se transmite a través de ondas sonoras que son ‘difíciles de compartimentar’. Todo ello coincide con la manifiesta escasez de medios e incluso de voluntad para medir los niveles de ruidos en municipios de todo tipo (si en Málaga no hay un control, por pasividad cómplice del Ayuntamiento, de la contaminación acústica, qué panorama tendrán los vecinos de municipios con menos medios).