Desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga queremos mostrar la profunda preocupación y estupor que nos han causado las recientes palabras del Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en respuesta a las crecientes protestas vecinales motivadas por los evidentes problemas de ruido e invasión de espacio público causados por una parte del sector de la hostelería.
En sus declaraciones de ayer dice “Tenemos que ser capaces de que los agentes económicos piensen en los vecinos y los vecinos piensen en los agentes económicos, y los trabajadores que tienen empleo ahí también” a lo que añadió que “el descanso tiene que estar garantizado”. Estas palabras son un nuevo intento de desviar su responsabilidad como regidor, enfrentando a dos sectores de la ciudad: hosteleros y vecinos. Pero son más graves porque da por existente una falta de comprensión y solidaridad por parte de las víctimas del ruido. No es nueva esta estrategia pero sí es llamativo y peligroso que ya la exprese de forma tan clara.
Acumulamos numerosos testimonios de residentes que han sido intimidados o amenazados por hosteleros que consideran que exigir el cumplimiento de las ordenanzas o el respeto al descanso es un ataque contra sus inversiones. De igual manera, vecinos y asociaciones han recibido malas respuestas y descalificaciones por parte de responsables municipales sin que nadie haya tomado medidas.
Cuando el Alcalde dice “en esa línea me voy a mover siempre, en el diálogo y en el consenso, las buenas prácticas, la educación cívica, de una parte y otra. Y cuando es necesario aplicar la ordenanza, se hace y se seguirá haciendo» ignora de forma intencionada que el Ayuntamiento de Málaga está obligado, de oficio, a velar por el cumplimiento de la legalidad y, al mismo tiempo, reconoce lo que los vecinos llevan años denunciando, que el Ayuntamiento mantiene una política de “dejar hacer” a la hostelería, actuando sólo cuando hay denuncias o el descontento de los vecinos los lleva movilizarse.
Esta arbitrariedad en la aplicación de la ordenanza fue la que llevó a la histórica sentencia de Mitjana del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 en la que el tribunal detalló: “brilla por su ausencia una intervención de inspectores municipales o siquiera de agentes de la Policía Local para afrontar dicha nefasta situación. No se ve la más mínima presión policial atajando dicha situación».
El último estudio sobre terrazas del OMAU concluyó con que el 92% de las terrazas del centro incumplían la ordenanza, más de la mitad de ellas por exceso de ocupación. No es de extrañar, porque ese mismo año el Ayuntamiento sólo había realizado 24 denuncias en toda la ciudad de las que apenas ha cobrado siete.
Aunque basta dar un paseo por Plaza de Uncibay o calles como Beatas y Tomás Echeverría por la noche de cualquier fin de semana para constatar la cruda realidad de la ciudad. Esa realidad ruidosa, sucia y muchas veces bochornosa que no consiguen desmentir las vacías notas de prensa de sanciones de cada martes. El ayuntamiento ha entregado zonas completas de la ciudad a especuladores que desarrollan una actividad insolidaria, depredadora e incompatible con la vida de los malagueños.
Sobre diálogo y consenso sólo podemos recordar que la última vez que nos reunimos con el Alcalde fue en junio de 2018, cuando se comprometió a un nuevo encuentro al cabo de un año para hacer un seguimiento de los problemas de ruido, terrazas y viviendas turísticas. A día de hoy aún, más de cuatro años después, nunca más nos has vuelto a recibir
Desde hace años, los vecinos del centro hemos visto con preocupación cómo nuestros problemas se extienden, con el beneplácito y colaboración activa del consistorio, a otros barrios. Lamentamos que Huelin viva ahora una situación tan similar a la que el centro, el barrio de todos los malagueños, lleva sufriendo tantos años. Ahora vemos que, con altas dosis de cinismo, Don Francisco de la Torre les va a aplicar las mismas estrategias que le han servido para convertir el centro de la ciudad en un espacio hostil e insostenible: enfrentamiento entre vecinos y hosteleros, aplicación arbitraria de las ordenanzas, traslado y peloteo de las denuncias, ataques a la credibilidad de las víctimas y el repetido intento de ahogar cualquier iniciativa vecinal.
Todos los malagueños somos agentes económicos, trabajamos, cuidamos unos de otros y colaboramos día a día en el progreso de la ciudad. Nos entristece tener que recordarle a nuestro Ayuntamiento que todos tenemos el derecho fundamental a una residencia libre de ruidos, a disfrutar de las calles de la ciudad y que es responsabilidad del Ayuntamiento que así sea.
Carlos Carrera. Presidente Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga
El Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía resuelve a favor de la
Asociación de Vecinos Centro Antiguo e insta al Ayuntamiento de Málaga a que
entregue la documentación solicitada al consistorio relativa al espacio
autorizado de las terrazas de varios locales de la ciudad que comenzó a ser
pedida el 1 de agosto de 2019
La resolución 234/2021, del pasado 11 de mayo de 2021, aún no ha sido correctamente cumplida por el Ayuntamiento de Málaga, que oculta la información solicitada por la AAVV Centro Antiguo en un farragoso “Portal de Datos Abiertos”, contraviniendo lo dispuesto de forma expresa por la Junta de Andalucía en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA)
Málaga. 9/ septiembre /2021. Pasados dos años desde unas
sencillas peticiones de información de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo al
Ayuntamiento de Málaga desde el 1 de agosto de 2019, ni la resolución favorable
de la Junta de Andalucía a través del Consejo de Trasparencia y Protección de
Datos de Andalucía ha servido para que el consistorio malagueño entregue la
información solicitada. La Junta de Andalucía insta al consistorio malagueño en
la resolución 234/2021, del citado organismo, a entregar los planos sobre
ocupación autorizada de espacio público por las terrazas de una serie de
locales de restauración, “pero seguimos sin tener esa información, por lo que
parece que el Ayuntamiento prefiere vulnerar nuestros derechos y proteger, no
sabemos de qué, a los locales de los que solicitamos sus planos de ocupación”,
valora Alejandro Villén, secretario de la AAVV Centro Antiguo.
La resolución 234/2021, de 11 de mayo, del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía debía haber puesto fin a los
dos años de obstruccionismo y ocultación de información pública por parte del
Ayuntamiento de Málaga, pero a 8 de septiembre de 2021 eso aún no ha sucedido.
“Simplemente pedimos unos datos que parecían inocentes, pero dos años y decenas
de reclamaciones después, y pese a que la Junta de Andalucía les insta a esa
entrega, el Ayuntamiento sigue sin informarnos. Es increíble. Se trata del mismo
Ayuntamiento que presume de transparencia pero incumple la Ley de Transparencia
Pública de Andalucía”, resalta Alfonso Miranda presidente de la AAVV Centro
Antiguo.
“Nos sorprende esta opacidad desde un Ayuntamiento que
dispone nada menos que de un Área de Gobierno específica de PARTICIPACIÓN
CIUDADANA y TRANSPARENCIA y BUEN GOBIERNO. No sabemos qué puede hacer al
respecto la concejala delegada Ruth Sarabia, pero desde 2019 ha tenido tiempo
de interesarse, pero es que desde mayo de 2021 creemos que tenía la obligación
de actuar y cumplir con el mandato de la Junta de Andalucía”, añade Alejandro
Villén, secretario de la AAVV Centro Antiguo, respecto de la negativa reiterada
a aportar la información solicitada durante dos años. En 11 ocasiones el
consistorio informó por escrito de esa negativa.
Todas y cada una de las justificaciones en el recurso del Ayuntamiento
de Málaga ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
para no entregar la información solicitada por la AAVV Centro Antiguo, y en las
11 ocasiones en que se negó a las peticiones durante dos años, han sido
inadmitidas en la resolución 234/2021. Cabe destacar dos: la calificación del
Ayuntamiento de Málaga como “solicitud abusiva” de las peticiones de
información realizadas conforme a la ley y la supuesta publicación de esa
información en un “Portal de datos Abiertos”. Ambas alegaciones han sido
rechazadas por la Resolución 234/2021 de forma tajante.
En concreto, en lo relativo al “Portal de Datos Abierto” que
indica el Ayuntamiento de Málaga como posible fuente de información, indica la
resolución 234/2021: “Es preciso recordar que para satisfacer adecuadamente la
pretensión de la asociación interesada no basta con ceñirse a apuntar
genéricamente la existencia de un sitio web”.
¿Qué clase de servicio presta ese “Portal de Datos Abierto”?
Dadas sus características técnicas, en opinión de la AAVV Centro Antiguo se
trata más de una herramienta de desinformación que de información. “Ese Portal
solo sirve para desanimar a cualquiera que lo use. Es el equivalente
informático a buscar una aguja en un pajar”, tal y como lo define Alejandro
Villén, secretario de la AAVV Centro Antiguo. Además, a la AAVV Centro Antiguo
le consta que para el Consejo de Trasparencia y Protección de Datos de Andalucía
se trata de un proceso abierto y está investigando el incumplimiento de la
resolución 234/2021 por parte del Ayuntamiento de Málaga.
Paradójicamente, Málaga sí cuenta con una herramienta útil,
clara y sencilla para consultar la información relativa a la ocupación
autorizada de espacio público por las terrazas de una serie de locales de
restauración, en la línea seguida por el Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo.
Se trata de un espacio en la web de la AAVV Centro Antiguo, que se creó gracias
a la información que sí aportó el Ayuntamiento de Málaga en justo cumplimiento
de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, antes del 1 de agosto de 2019.
Pero tras inaugurarse la herramienta de información de la AAVV Centro Antiguo
comenzó la negativa del consistorio a aportar ninguna otra información
solicitada, vulnerando los derechos al ciudadano recogidos en la Ley de
Transparencia Pública de Andalucía.
Comparativa web del Ayuntamiento de Málaga y web Centro Antiguo
“Vivo con miedo a salir de mi casa porque esta es ‘la distancia de
seguridad’ que me encuentro en mi puerta, rodeada de bares y turistas en el
centro de Málaga”. Nuestra vecina, Ángela, ilustraba su queja en redes con una expresiva
foto, mientras que otras como Almudena o Begoña nos avisan de que los que van a
las viviendas turísticas de sus comunidades entran sin mascarilla, llamando a
las tantas y a patadas con las puertas. Hemos divulgado lamentables vídeos del
trasiego de personas sin protección y sin guardar distancia en discotecas y
pubs. En nuestras calles.
Miedo. Antes era desesperación por no poder descansar, frustración al ver
cómo se expulsaba a los vecinos para instalar viviendas turísticas, indignación
al ver terrazas que no dejan pasar a ambulancias y bomberos. Por ejemplo, Fran
se va a mudar de su piso de alquiler porque no soporta el ruido constante,
harto de que el Ayuntamiento no le escuche. Ana no puede conducir a su madre
con su silla eléctrica por calles como Santa María o Andrés Pérez. Hace 4 años
que la comunidad de Rebeca se convirtió en un colegio mayor descontrolado: 12 pisos
alquilados a estudiantes de español, con ruidos, peleas, vómitos, pic-nics y
sexo en las zonas comunes.
Sí, gravísimo, pero ahora además planean sobre nosotros la enfermedad… y la
muerte. Estamos preocupados por los rebrotes, por los focos de contagio
comunitario, y sabemos que los problemas de hoy hunden sus raíces en ese ayer.
Una ciudad en la que no se actúa, en la que quedan impunes los obvios incumplimientos
de las normas (urbanísticas, ruido, vía pública) y que tampoco reacciona ante
esta crisis sanitaria.
En este extraño verano de 2020 coinciden dos problemas terminales, uno de
salud pública y otro de evidente fracaso de esta ‘exprimidora’ intensiva. Porque
su materia prima, el turismo de toalla en el balcón, de paquete de mortadela y
litrona, de litera, no va a volver. A esos visitantes les da lo mismo La
Malagueta que un resort barato de Túnez o Turquía.
Por
ello hay que pensar cómo reconstruir el Centro para así impulsar toda la
ciudad. Nos asombra la ceguera y falta de empatía municipal en intentar
“regenerar” al moribundo pidiendo al malagueño que deje de consumir en su
barrio para que deje su dinero en las franquicias del Centro. Un torpe ‘plan
Marshall’ elaborado a espaldas de los vecinos. Escuchemos a comerciantes como
Lorena, de Oportunidades Málaga, cuyos padres comenzaron hace 40 años en el
Centro y en Huelin y que ahora resisten en el popular barrio del oeste gracias
a esos “clientes que buscan una atención personal, que se les conozca».
«Nosotros damos un servicio al barrio, le damos vida. Cuando cierran los
comercios, los barrios se mueren», nos cuenta.
Sabemos que el turismo es nuestro principal motor, pero no atraeremos al
visitante que crea riqueza verdadera si le ofrecemos un barrio sin alma,
despersonalizado, sin habitantes autóctonos, orientado a exprimir al que lo
pisa. Además, esa cesión de la ciudad al ‘hooligan’ es perversa: una espiral de
especulación inmobiliaria fundamentada en casi regalar suelo público a los
hosteleros, que así pueden incrementar sus expectativas de facturación y pagar
alquileres estratosféricos a oscuros fondos de inversión que se llevan el dinero
a paraísos fiscales. Todo en una gran urbe en la que ni los universitarios
pueden ya pagar los alquileres ni las empresas encontrar oficinas.
Ante ello, Ángela, Almudena, Begoña, Fran, Rebeca, Ana y los centenares de
miles de personas de Málaga quieren empleo y prosperidad, pero también
reconocer sus barrios. Por mucho que se repita, el nuestro no era un páramo
postnuclear hace veinte años; había fruterías, ferreterías, vida en la calle. Se
rehabilitó con fondos europeos destinados a incrementar la calidad de vida pero
el resultado ha sido muy distinto. No dejemos que siga languideciendo.
Urge un plan de repoblación, tanto de habitantes como de actividades
económicas. Guiémonos por los objetivos reales de la Agenda 2030 para sustituir
el actual modelo moribundo por otro sostenible. La oportunidad está aquí y
ahora: para potenciar el Parque Tecnológico y sus comunicaciones y la efectiva
implicación de la UMA en la I+D+i; para promover un turismo más sosegado y de
calidad; para reubicar el eje del ocio nocturno en el Cortijo de Torres. Un
plan que fomente el alquiler de larga duración, que aproveche el potencial del
teletrabajo, que apueste por la diversidad económica, que racionalice el
espacio público reordenando terrazas, creando itinerarios peatonales y promoviendo
el transporte no contaminante. Con ello nuestro Centro Histórico será un hogar
para nosotros, un lugar para todos los malagueños y un atractivo destino para
los visitantes.
En democracia se puede y debe hacer todo lo necesario para preservar el
bien común. Pensémoslo muy seriamente: volvamos a hacer una Málaga habitable.
Apostemos por la vida.
Resulta indignante que en democracia se usen las malas artes y las fake news para intentar desprestigiar a un movimiento de participación ciudadana solo porque éste sea «incómodo»
Hoy mismo se ha solicitado a todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones locales sus propuestas sobre los temas que más preocupan a los residentes
La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga lamenta profundamente la acusación del Ayuntamiento de estar “vinculada a un partido político”. Los vecinos consideran gravísimo, insólito y sobre todo triste este intento de descalificación de una agrupación ciudadana que tiene como misión la defensa de los intereses comunes de los habitantes del Centro y que vela por un modelo de desarrollo de ciudad que tenga como metas la cohesión social, el interés público y la calidad de vida y la convivencia de todos. La afirmación, contenida en la versión online de la información de SUR titulada “Los vecinos del Centro intensifican su campaña contra las terrazas”, publicada el jueves 11 de abril y firmada por Juan Soto, es un atentado a la concepción misma de la democracia, en la que son fundamentales las asociaciones de la Sociedad Civil y su independencia de acción.
Extracto de la noticia con las declaraciones del Ayuntamiento de Málaga
Esta Asociación de Vecinos trabaja por la habitabilidad del Centro Histórico, la correcta convivencia entre residentes, visitantes y agentes económicos y la defensa del Patrimonio Histórico de todos. Uno de sus derechos, que nosotros consideramos una obligación democrática, es denunciar, cuantas veces sea necesario, los incumplimientos de las leyes y normas que regulan dicha convivencia y que recoge nuestra Constitución, unas vulneraciones que demasiadas veces ignoran aquellos que han sido elegidos para velar por el bien común.
Resulta indignante e inadmisible que en democracia se usen las malas artes, las fake news o simplemente las patrañas para intentar desprestigiar a un movimiento de participación ciudadana solo porque éste sea «incómodo» en determinadas ocasiones. Al decir, según la información de SUR, que “desde el Ayuntamiento entienden que (…) la nueva junta directiva ‘está vinculada a un partido político’”, estas fuentes anónimas de, suponemos, el equipo de Gobierno municipal, olvidan que la esencia de la democracia es precisamente la capacidad crítica de la ciudadanía y su intervención en los procesos de toma de decisiones. Además, queremos recalcar que en nuestra Asociación de Vecinos y en su Junta Directiva hay personas de todas las tendencias políticas, algunas de ellas afiliadas a diferentes partidos, como no podía ser de otra forma en este tipo de agrupación.
Recordemos también que los problemas que trataba el artículo y sobre los que se vertía esa malintecionada acusación de dependencia de “un partido político” son de especial gravedad para el conjunto de la ciudadanía: la invasión del dominio público, el ruido descontrolado, el gravísimo problema de vivienda y, como amplificador de todos ellos, los flagrantes incumplimientos de las leyes y la incapacidad de control y sanción que demuestra este Ayuntamiento. Estamos convencidos de que estos problemas son demasiado evidentes y que no solo afectan a nuestros asociados, los vecinos del Centro Histórico, sino a toda la ciudadanía malagueña y al futuro de nuestra ciudad. Y su análisis y resolución no debería ser cuestión de partidos de un signo u otro, sino parte de un plan estratégico consensuado por todos.
En este sentido, hoy mismo hemos enviado a los distintos partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones municipales un documento en el que expresamos cuáles son nuestras principales preocupaciones y les pedimos que nos detallen por escrito sus propuestas en relación con temas como:
El modelo que proponen para el Centro Histórico de Málaga: ¿un lugar solo de localización de inversiones y de turismo extractivo, un lugar donde vivir…?
El carácter residencial del Centro. Qué hacer ante el avance de la turistificación y el grave problema habitacional
Las carencias históricas del Centro en cuanto a 1) zonas verdes y espacios de encuentro, 2) equipamientos deportivos, 3) la movilidad, 4) la actividad económica responsable y sostenible (¿un Plan Estratégico para el Centro?)
La actividad municipal y una posible mayor capacidad de actuación de las Juntas de Distrito
La contaminación acústica: 1) puesta en marcha de las ZAS, 2) cumplimiento del decreto 155/2018, que obliga a autorizar las terrazas solo si se respetan los niveles máximos sonoros, 3) eventos en la calle, 4) actuaciones de música en la calle
La Feria y los problemas de contaminación acústica y de residuos, seguridad, etc.
La función de la Policía Local
La interesada apelación al “equilibrio” o el “consenso” cuando por una parte se está sufriendo vulneración de derechos fundamentales y por la otra se vulnera la ley sin recibir sanción
Ayer por la tarde una delegación de más de 300 entidades de 9 comunidades autónomas, entre las que destacan los colectivos de los centros históricos, ha registrado la petición en el Parlamento
La demanda es fruto de la indignación que generó la publicación, este verano, del “Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España» de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia
En él, el organismo público niega la relación entre la subida de los precios del alquiler y la expansión de las VUT en algunos barrios, haciendo suyo el argumentario de plataformas como AirBnB
Ayer por tarde, representantes de más de 300 asociaciones vecinales de nueve comunidades autónomas registraron en el Congreso de los Diputados una petición para que comparezca el presidente de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) y explique cómo se gestó el polémico «Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España». Buena parte de esas entidades, entre las que se encuentran las federaciones de asociaciones vecinales de Madrid, Barcelona y Ávila, la Federación de AAVV de Centros Históricos de Andalucía y la Coordinadora de AAVV de Madrid Centro, proceden de barrios que a diario sufren las consecuencias de la turistificación y de la expansión descontrolada de ese tipo de alojamientos. Por eso, la publicación, este verano, del estudio del organismo que preside José María Marín Quemada sentó a estas entidades como una auténtica puñalada, ya que reproduce buena parte del argumentario de plataformas como AirBnB, negando, entre otras cosas, que exista una relación entre el aumento de los precios de los alquileres y la proliferación de los alojamientos turísticos.
“Consideramos que las llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC y la posición de AirBnB reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas, visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones, y quiénes asistieron”, puede leerse en la petición consignada ayer, que ha sido dirigida al presidente de la Comisión de Economía y Competitividad, el espacio en el que Marín debería rendir cuentas ante la ciudadanía.
Las asociaciones vecinales que firman la petición de comparecencia (cuyo documento adjuntamos) consideran “la intromisión de la CNMC injustificable y fuera de lugar al anunciar los recursos contra las normas de ayuntamientos y comunidades autónomas que están empezando a regular las VUT” y critican “la vergonzosa defensa pública de este organismo, con los mismos argumentos de las empresas como AirBnB, que tienen intereses”.
En su escrito, en el que solicitan el apoyo de los diputados y diputadas de la Comisión de Economía y Competitividad, las entidades vecinales recogen algunas de las razones por las que piden la interdicción de las viviendas turísticas: “las VUT no son queridas por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los de los vecinos habituales, además de los problemas de seguridad que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente”. Pero, sobre todo, “la pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente mata la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven”, apostillan.
Sin embargo, “todos estos problemas parecen no existir para la CNMC. Los minimiza o da para ellos unas soluciones imposibles o directamente absurdas, a pesar de las evidentes «externalidades negativas», como se llama en la jerga neoliberal a aquellos daños que la libertad de unos pocos causa al resto. Y que, como tal, requieren de una mínima reflexión. Nos preocupa muchísimo que la CNMC, un organismo pagado con dinero público, proceda con tanta falta de rigor y se emplee abiertamente en hacer lobby a determinadas empresas que obtienen un beneficio directo del incumplimiento del marco legal por parte de muchos de sus denominados «anfitriones». Una empresa que obtiene lucro de la ‘ilegalidad’ nunca debería ser considerada un interlocutor válido”, remachan las asociaciones vecinales en el documento que registraron ayer.
38 agrupaciones de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco se agrupan para defender conjuntamente sus derechos
La Coordinadora recién fundada ha solicitado formalmente a José Luis Ábalos y a Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo, participar en el estudio de la situación legal futura de estos negocios
Treinta y seis agrupaciones vecinales de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco se acaban de agrupar para defender conjuntamente sus derechos en unos momentos en los que la turistificación y la vertiginosa y descontrolada expansión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) están degradando la calidad de vida de nuestras ciudades y expulsando al vecindario de sus barrios. La primera acción de la recién constituida Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Barrios Turísticos ha sido solicitar a los ministerios de Fomento e Industria tener voz y voto en la regulación de las Viviendas de Uso Turístico. Alarmada por las noticias de reuniones sectoriales entre el Gobierno y la empresa Airbnb, la Coordinadora registró el lunes pasado cartas al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y a Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en las que se solicitaba tener reuniones para dar a conocer nuestras peticiones y estar presentes en las reuniones que tengan como finalidad el estudio de la situación legal futura de estos negocios.
Oliver, interpelada por diversas asociaciones de todo el Estado en las redes sociales, ya ha confirmado en su cuenta de Twitter que atenderá a este requerimiento vecinal: “Por supuesto que tenemos interés en los vecinos y se les convocará al grupo de trabajo sobre alquiler turístico que se iniciará en breve. La reunión con Airbnb fue un encuentro solicitado por sus responsables como otros muchos que estoy manteniendo con representantes del sector”, escribió el 8 de septiembre en un tuit de respuesta a las asociaciones de Vecinos.
La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Barrios Turísticos celebra que “por fin la administración del Estado aborde esta problemática”, aunque considera inconcebible que dichos encuentros de trabajo se hayan planteado hasta ahora sin la participación de los representantes de las asociaciones de vecinos víctimas del fenómeno VUT, toda vez que los y las residentes en las ciudades son “los principales damnificados de la situación generada por estas actividades surgidas al margen del control administrativo”.
“Según se informa en los medios de comunicación –prosigue la carta enviada a Ábalos y Oliver-, se estaría barajando la posibilidad de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad horizontal como alternativa para solventar la problemática de la VUT. Si así fuera, y dado que dicha legislación nos afecta directamente, en calidad de vecinos y vecinas de las ciudades y de los pueblos de todo el Estado, nos gustaría ser escuchados y tenidos en cuenta ante cualquier cambio que en dicha materia se proponga”.
La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Barrios Turísticos agrupa a federaciones, plataformas y asociaciones vecinales de todo el Estado español, todas ellas de ciudades afectadas gravemente por los fenómenos de gentrificación, pérdida de calidad de vida e incremento exponencial del precio de la vivienda residencial fuertemente ligados a un modelo de industria turística intensivo y caracterizado por la desregulación. Además de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga, forman parte de la Coordinadora otras cuatro agrupaciones malagueñas (Asociación de Vecinos El Bulto, Plataforma Derecho a Dormir, Asociación de Vecinos Málaga Centro-SurSOHO Barrio de las Artes y Asociación Casco Antiguo de Marbella), así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Centros Históricos de Andalucía.
Hace dos días, los vecinos de toda Andalucía hemos recibido la noticia de que la Junta de Andalucía ha aprobado el Nomenclátor ( Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía).
Este decreto viene a empeorar la situación de ruido y desamparo que sufren los ciudadanos de múltiples municipios, abriendo la puerta a una verbena continua y descontrolada
Los residentes del Centro Histórico de Málaga hemos leído con preocupación y estupor el Proyecto de Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, también conocido como Nomenclátor, que vendría a derogar, entre otras normas, el vigente Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga planteamos las siguientes alegaciones basándonos en nuestra responsabilidad de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía en las zonas residenciales, unos derechos que son cada vez más vulnerados en esta espiral de turistificación, gentrificación y sometimiento a la hostelería de los centros urbanos europeos, y que se verían aún más conculcados en caso de aprobarse esta norma. Nuestros asociados hablan de “afrenta a los vecinos de cualquier lugar que se suponga que ha de ser habitable”, de ausencia en su exposición de motivos y su letra de “palabras y conceptos como convivencia, vecinos, ciudadanía, habitabilidad, ruido, descanso, derechos fundamentales, inviolabilidad del domicilio, y un largo etcétera”. En suma, estamos hablando de un decreto que supondría un ataque a la protección real y efectiva de la calidad de vida y de los derechos constitucionales de la ciudadanía establecidos en los arts. 43 (derecho a la protección de la salud), 45 (a un medio ambiente adecuado) y 18 (derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio).
El legislador tiene la obligación de contemplar nuestra posición de ciudadanos ‘acorralados’ por el ruido y la invasión del espacio público para fines privados (y la de tantas otras ciudades y barriadas análogas) a la hora de elaborar una norma que es menos garantista, más laxa y ambigua que la anterior y que está plagada de conceptos jurídicos indeterminados. Que parece estar escrita, sospechamos, para fomentar la arbitrariedad y el ‘laisser faire’. En este sentido, coincidimos plenamente con el espíritu de la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5658 dirigida a Consejería de Justicia e Interior. Si bien tal resolución responde a un borrador anterior del Decreto, su planteamiento, análisis y conclusiones son totalmente válidos ya que los cambios entre la ‘Propuesta’ a la que se refiere y el actual ‘Proyecto’ son de posición y numeración del articulado o cosméticos (alguna matización en cuestión de horarios y poco más).
Según el Defensor, nuestros derechos fundamentales podrían sufrir “cierto riesgo de ser vulnerados por la contaminación acústica derivada de la emisión de música en estos locales y/o en sus terrazas, tal y como tiene reconocido una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”. Pues bien, en el Centro Histórico de Málaga esta situación de vulneración de derechos es, lamentablemente, la norma. En el III Encuentro de la plataforma vecinal europea Vivre la Ville Europe!, clausurado en marzo de 2017 en Madrid, se aludió al caso concreto de Málaga (como ejemplo negativo) y se coincidió en que los problemas comunes a los centros históricos europeos se resumen en dos ejes principales: la degradación del patrimonio material y humano mediante los fenómenos de la gentrificación y la turistificación, y los efectos de la movida, ocio nocturno y la privatización del espacio público por motivos lucrativos que son antepuestos al interés general y al cumplimiento de las propias leyes y normativas. Pues bien, este Decreto sería una puerta abierta al agravamiento de dichos problemas.
Se ha descrito nuestra situación como la de una “deportación planificada del vecino del centro”. Dicha expulsión vendría ahora acompañada por el fragor emanado de una norma que permitiría la música ‘de ambiente’ o ‘de fondo’ en terrazas, la emisión de música pregrabada y en vivo hasta 80 dBA en el interior de todos los establecimientos de hostelería de Andalucía, la instalación de terrazas o veladores en la vía pública en discotecas y salas de fiestas, y la ampliación de horarios de hostelería en ‘municipios turísticos’ y ‘zonas de gran afluencia turística’. Si el Ayuntamiento de una ciudad de más de 600.000 habitantes no podía (o utilizaba una pasividad cómplice, rayana en la prevaricación y la dejación de funciones) hacer cumplir una norma relativamente garantista de derechos, ¿cómo se puede pretender que los pequeños consistorios andaluces puedan controlar otra más ambigua, con conceptos jurídicos vagos e indeterminados?
En suma, asistimos a una colisión en el espíritu del Decreto entre la protección de derechos fundamentales y universales y la intención de dar rango de ley a lo que realmente son intereses particulares de un sector económico concreto. Bajo el disfraz de una norma reguladora se está presentando un plan estratégico de desarrollo de la actividad hostelera (de una cierta manera de edificar el sector hostelero, desde nuestro punto de vista endeble, enfocado a un turismo y un ocio de baja calidad), que ignora al 100 % el ruido provocado por veladores y por conciertos.
Reiteramos, el objetivo del Decreto es apoyar una manera de desarrollo no sostenible de la hostelería y abrir la mano para que sean los municipios quienes decidan dónde y hasta cuándo poner veladores, incluso en discotecas, y para que se permitan actuaciones en todo tipo de establecimientos. Y por mucho que figuren algunas supuestas limitaciones en cuanto a los sectores en los que se permite la instalación de terrazas o veladores donde antes no se permitía o de instalación de equipos de amplificación de música en veladores o “espacios al aire libre de establecimientos de hostelería”, el legislador ha empleado términos suficientemente laxos como para que la excepcionalidad sea la norma. Las expresiones “afluencia de visitantes”, “para incentivar el desarrollo económico” o “dotar de infraestructuras de servicios si existiera demanda”, así como la autorización por espacio de hasta cuatro meses de la música amplificada en terrazas suponen que la supuesta “excepcionalidad” se convertirá en norma. Además, como también advierte el Defensor del Pueblo, el argumento de la permisividad por sectores (‘áreas de sensibilidad acústica’) se tambalea ya que los usos turísticos y terciarios tienen una localización contigua a los usos residenciales, y a que el problema de la contaminación acústica es que el ruido se transmite a través de ondas sonoras que son ‘difíciles de compartimentar’. Todo ello coincide con la manifiesta escasez de medios e incluso de voluntad para medir los niveles de ruidos en municipios de todo tipo (si en Málaga no hay un control, por pasividad cómplice del Ayuntamiento, de la contaminación acústica, qué panorama tendrán los vecinos de municipios con menos medios).
El Ayuntamiento silencia el problema del ruido en Málaga
La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga denuncia la dilatación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas
En vez de cumplir con la ley andaluza contra la contaminación acústica y con los acuerdos del Pleno, el Consistorio usa una nueva artimaña, una ‘consulta popular’, para demorar el procedimiento
El Ayuntamiento de Málaga silencia el gravísimo problema del ruido en Málaga. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga asiste perpleja a la dilatación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas a que está obligado por ley y por mandato democrático el Consistorio. En vez de cumplir con la legislación andaluza y con los acuerdos del Pleno, el Ayuntamiento usa la artimaña de una supuesta “consulta popular” para no aprobar el plan contra el ruido que lleva años ‘estudiando’ y supuestamente ‘negociando’ con los afectados. Así, el procedimiento para poner coto al ruido generado por los negocios de hostelería en el Centro Histórico y Teatinos se pospondrá al menos hasta el próximo mes de noviembre.
Recordemos que el artículo 16.5 del Decreto 6/2012 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía establece que “en el plazo de un año desde la aprobación de los mapas singulares de ruido se elaborarán y aprobarán los subsiguientes planes de acción”. Dichos mapas, publicados a principios de 2016, arrojaron una exagerada superación de los niveles sonoros máximos permitidos, especialmente de noche (entre las 24 y las 2 de la madrugada). En ese período el incumplimiento se daba en ¡160 de los 163 puntos de medición![1] Por tanto, las acciones para atajar el problema, esto es, la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), deberían haberse aprobado a principios de 2017. La nueva estrategia desplaza el problema a finales de 2018, lo que supondría dos años de incumplimiento de la ley por parte del Ayuntamiento y casi 4 de desamparo de los vecinos.
Debemos recordar que no hablamos de un choque de distintos intereses contrapuestos: el derecho al descanso está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 40 de la Constitución Española. Insistimos en ello porque representamos a un gran número de ciudadanos y ciudadanas con problemas reales, que no pueden conciliar el sueño, que tienen que vivir con un exceso de ruido constante, que asisten desprotegidos a la sistemática violación de la intimidad de su vivienda (otro derecho fundamental). De hecho, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha ofrecido esta mañana junto al monumento a Torrijos de la plaza de la Merced una rueda de prensa sobre el problema del ruido arropada por otros cinco colectivos de la ciudad: representantes de la Asociación de Vecinos “El Romeral Contra el Ruido”, la Asociación de Vecinos Puerta de Gigantas, la Asociación de Vecinos Lagunillas Por Venir, la Asociación de Vecinos Centro Sur Soho Barrio de las Artes, la Asociación de Vecinos Gibralfaro, la Asociación de Vecinos “El Bulto” y Ecologistas en Acción Ciudad de Málaga han acompañado a nuestros presidente y vicepresidente, Alfonso Miranda y Alejandro Villén.
Tras innumerables mesas de trabajo para abordar la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas, de intercambios de documentos y de reuniones, la Junta de Gobierno Local aprobó el 2 de febrero de 2018 una primera “Propuesta Declaración de determinadas zonas del Centro y Teatinos como Zonas Acústicamente Saturadas”. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23 de febrero de 2018, instó al equipo de gobierno a poner en marcha de forma inmediata las ZAS y la revisión de PEPRI Centro, paralizado desde 2014. Sin embargo, los hosteleros, con el apoyo de Ciudadanos, pretendieron paralizar el proceso impugnando la ‘zonificación’, es decir, volviendo a su viejo sueño de considerar el Centro zona de exclusivo interés turístico y no como espacio residencial. Esto es, expulsando de facto a los vecinos de la ecuación. Y todo para ocultar que el lobby hostelero no había hecho propuesta o alegación en firme, con medidas concretas, al primer documento del Ayuntamiento. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo sí planteó en dichas reuniones propuestas concretas (se puede consultar aquí: https://t.co/WXoo15LzBs). Cuando el informe del secretario municipal certificó la legalidad de la actual zonificación, el Consistorio se escudó primero en el cambio del concejal del ramo para ralentizar el proceso, anunciando reuniones sectoriales para buscar un consenso imposible y ‘viajes’ para comprobar in situ la eficacia de las ZAS de otras poblaciones.
A día de hoy no hay constancia, aparte de oponerse a la aplicación de la ley, de ninguna propuesta firme de los hosteleros ni de Ciudadanos, y tampoco se conoce la postura del grupo Socialista. Así que no entendemos el argumento de falta de acuerdo entre las partes.
Ahora se vuelve a dinamitar el proceso bajo la excusa de una supuesta ‘consulta popular’. En esa estrategia dilatoria, el área de Sostenibilidad Medioambiental ‘consulta’ si aplica la ley o no mediante una entrada en la plataforma ‘Málaga contesta’[2] que tiene previsto hacerse pública este lunes 21 y que en la práctica significa hacer oídos sordos a la ley andaluza, a las recomendaciones del monitorizado del ruido, a nuestras alegaciones a los borradores de la declaración de ZAS y a las mociones presentadas por Málaga Ahora y Málaga para la Gente y ya aprobadas en el Pleno de febrero.
Esta nueva artimaña responde a una estrategia perversa: bajo la apariencia de ‘legalidad’ y de ‘participación ciudadana’ se sortean los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz (que urgió al Consistorio a la declaración de ZAS). Al mismo tiempo, con quienes realmente conversan los dirigentes municipales es con el sector hostelero en reuniones privadas. De hecho, el alcalde de Málaga aún no ha contestado a nuestras solicitudes de reuniones pero sí ha reconocido contactos a puerta cerrada con el lobby hostelero.
edf
El problema del ruido en el Centro y Teatinos y las propuestas de ZAS
El nivel sonoro máximo permitido en la ciudad entre las 23 y las 7 horas es de 55 decibelios. Pues bien, en las últimas campañas de medición para la elaboración de los mapas de ruido (realizadas además fueron en octubre y en marzo, dos meses no demasiado problemáticos) se alcanzaron en ese horario medias de entre 75 y 80 decibelios, un volumen brutal para una zona residencial.
En este entorno de superación sistemática de los límites de ruido, el Ayuntamiento persevera. De un lado organizando, promoviendo o autorizando todo tipo de actos y eventos en la vía pública con profusión de ruido y megafonía. De otro, autorizando en quince puntos de la ciudad la actuación de músicos en la calle, en teoría con sujeción a un horario y unos límites sonoros, aunque en la práctica la música se desarrolla sin limitación ninguna, amplificación mayúscula y ausencia de control municipal, pues la Policía ni siquiera dispone de sonómetros y suele hacer caso omiso a las denuncias.
Constatado el problema, la normativa obliga al Ayuntamiento a tomar medidas y aprobar los llamados planes de acción. Dado que las terrazas de numerosos lugares del centro superan los niveles con creces (plaza de la Merced, plaza Mitjana, plaza de El Pimpi o ciertas calles de Teatinos), solo caben estas opciones: reducir la superficie ocupada, el horario de funcionamiento o ambas cosas a la vez. Junto a ello, es obligada la famosa ‘moratoria’ en la autorización de nuevas actividades, aunque sabemos que ya hay calles en las que no cabe un solo bar más.
La propuesta inicialmente planteada por el Ayuntamiento era absolutamente ridícula: cierre de las terrazas a la 1 de la mañana, ¡pero solo en 65 días de los 365 que tiene el año! Y además nunca en verano, ni en fines de semana, precisamente cuando el problema es mucho mayor. Es decir, notoriamente insuficiente para nosotros, para otras asociaciones vecinales y para algunos grupos políticos que habían presentado sus respectivas enmiendas (al menos Málaga para la Gente y Málaga Ahora). Nuestra propuesta aportaba medidas concretas como un nuevo horario de cierre para todo el año (domingo a jueves a las 24.00, viernes y sábado a la 1.00) y reducción de mesas y superficie ocupada. Estas medidas coincidían en espíritu y letra con las recomendaciones de la empresa (SINCOSUR) que realizó para el Ayuntamiento los mapas de ruido, y son incluso más ‘comprensivas’ con el sector hostelero que las que aplican ciudades como Sevilla, Valencia, Jerez, Castellón o Madrid.
Sin embargo, los hosteleros protestan en público, presionan al Ayuntamiento en privado y consiguen paralizar la declaración de ZAS incluso en los términos insignificantes en los que pensaba hacerla. Ahora se sacan de la chistera una ‘consulta pública’ cuyas conclusiones no estarían listas antes del 21 de noviembre. Y la ciudadanía se pregunta, ¿hasta qué punto tiene el Ayuntamiento obligación de cumplir las resoluciones del Pleno o la ley andaluza? ¿Se las pueden saltar sin consecuencias? ¿Así es como se pretende cumplir con los objetivos aprobados en la Agenda 21 para el 2020? ¿Forma parte todo ello de una estrategia planificada de expulsión de los vecinos y vecinas del Centro Histórico de Málaga? ¿Vamos camino a golpe de amplificador y de bullicio en las terrazas a las 2 de la madrugada de la idea acariciada por Juan Cassá, esa de una ‘City’ anglosajona llena de ocio y multinacionales y vacía de residentes? ¿Es esto lo que queremos para la Málaga ‘de la cultura’?
